Estaba previsto que ayer se realice una audiencia en el Segundo Juzgado Constitucional de Lima para resolver la acción de amparo de la Sunedu contra la ley que le resta autonomía.
Esta demanda data del 7 de febrero, pero cobró mayor relevancia y urgencia debido a que la semana pasada el pleno del Congreso aprobó esta norma en segunda votación y está pendiente de ser promulgada.
El problema fue que faltando 40 minutos para la audiencia, la jueza supernumeraria a cargo, Andrea del Pilar Córdova Escobar, la postergó para el 16 de setiembre.
Andrea del Pilar Córdova
La jueza había aceptado la solicitud de litisconsorte de los abogados Walter Albán, Renzo Cavani, César Higa, Luciano López y Alfredo Villavicencio para ser incluidos en este caso. Sin embargo, usó de excusa que, para no causar indefensión a la nueva parte procesal, se pospone el litigio. De esta manera, en teoría, los juristas podrían conocer a detalle la demanda.
Para el constitucionalista Luciano López, este no es un argumento válido. Él y sus colegas presentaron el pedido de litisconsorte conociendo de qué se trataba la acción de amparo. “Hay un sentido de urgencia. ¿Cómo va a dilatar el proceso hasta setiembre?”, protestó López en RPP.
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En efecto, este tema requiere premura porque los plazos para promulgar esta ley están contra el tiempo. El gobierno de Pedro Castillo observará la contrarreforma, pero es inminente que Perú Libre, Fuerza Popular y sus aliados buscarán promulgarla por insistencia en el Congreso. Incluso el secretario del oficialismo, Vladimir Cerrón, ya le reprochó al presidente que haya anunciado que observará dicho dictamen.
El procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, explicó a La República por qué es peligrosa la decisión de la jueza Andrea del Pilar Córdova. “El cambio de esta fecha perjudica bastante al proceso de amparo porque para el 16 de setiembre, en términos de tiempo, el Congreso llegará por insistencia a aprobar la ley y serían derechos irreparables”, precisó.
Si la contrarreforma entra en marcha, explicó el procurador, para setiembre el Consejo Directivo de la Sunedu tendrá una nueva composición que incluya a los rectores universitarios y, además, se habrá elegido a un nuevo superintendente.
Es cierto, agrega, que existe la posibilidad de que en caso el Poder Judicial falle para entonces a favor de la demanda de amparo, se anule todo. Pero también está el escenario de que el veredicto de la jueza no afecte los hechos previos.
“La jurisprudencia dice que cuando ya hay una nueva autoridad, hay sustracción de la materia”, lamentó Rodríguez.
Por tal motivo, el procurador anunció a este diario que junto al titular de Sunedu, Oswaldo Zegarra, solicitarán una reunión con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios para que este caso se agilice.
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Un dato importante, asimismo, es que la jueza supernumeraria Andrea del Pilar Córdova, como lo reporta el portal de Sunedu, es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Esta universidad no recibió licencia de funcionamiento con la reforma universitaria.
“Ella, por decoro, a fin de que no se presenten suspicacias, puede desistir (del caso)”, dijo el procurador Rodríguez.
Mientras la jueza no dé marcha atrás, esta ley que le resta autonomía a la Sunedu, incorporando tres rectores a su Consejo Directivo, recibirá luz verde del Congreso, así el gobierno la observe.
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El ministro de Educación, Rolando Serna, al ser consultado sobre qué hará el gobierno si el Parlamento insiste con esta ley, no descartó que se recurra al Tribunal Constitucional (TC).
El procurador Mac Donald Rodríguez informó que la jueza Andrea del Pilar Córdova también rechazó la medida cautelar solicitada por Sunedu.
Los abogados Luciano López y César Azabache solicitaron la semana pasada al Tribunal Constitucional habilitar los planillones para inscribir a cinco mil firmantes y así presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de contrarreforma. Pero el TC aún no los habilita.
Ayer, ambos juristas, enviaron una carta al TC insistiendo con este requerimiento y también pidieron formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo.
Mac Donald Rodríguez, procurador Sunedu
“El cambio de esta fecha perjudica bastante el proceso de amparo para el 16 de setiembre, en términos de tiempo, el Congreso llegará por insistencia a aprobar (la ley de contrarreforma)”.
Luciano López, constitucionalista
“El TC declaró que la calidad universitaria está en una crisis estructural. El TC dice que debía crearse una superintendencia que esté ajena al control directo o indirecto de las universidades”.
Vladimir Cerrón, Perú Libre
“Uno de los logros de la reforma de la Sunedu por el Congreso es la independización de las universidades del Minedu, órgano capturado por Usaid. Si el presidente lo observa, cometería un grave error”.