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Política

SIP: Poder Ejecutivo es la institución que más agrede a la prensa

Alerta. Según Sociedad Interamericana de Prensa, a este poder del Estado se suma la Fiscalía de la Nación, que investiga a periodistas por reportar el caso Lava Jato y la corrupción pública.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sus conclusiones sobre la libertad de expresión en los países de América al cerrar su reunión de medio año. Respecto al Perú, señaló que la situación de las libertades de expresión y de prensa está en su peor momento de las últimas dos décadas, y que es el Poder Ejecutivo el mayor agresor contra la prensa.

“La situación de las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas dos décadas. Ahora no son solo las instituciones tradicionales de agresión, como el Congreso y el Poder Judicial, sino, sobre todo, el Poder Ejecutivo”, señaló la SIP en su informe sobre el Perú.

Según la SIP, de acuerdo al Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión, desde Alberto Fujimori. Esto porque la Policía Nacional funciona ahora como un escudo del presidente cuando este acude a eventos públicos, para evitar así que los periodistas puedan acercarse y que en varias ocasiones oficiales de la Policía atacaron físicamente a reporteros.

“El Poder Ejecutivo es la institución que más agrede, retórica y físicamente, a los periodistas, especialmente aquellos que indagan sobre los presuntos actos de corrupción del Gobierno”, recalcó la SIP en su informe.

Otro frente

En el informe se consigna además que a estas instituciones se suma el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra periodistas por cumplir su labor de informar.

“En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública”, dice el informe.

Asimismo, se recalca que el mandatario Pedro Castillo y sus ministros amenazan reiteradamente a los medios críticos con no recibir publicidad oficial.

Vigilando puntos claves

La SIP dio cuenta también de que la plataforma Vigilantes -liderada por Transparencia e integrada por organizaciones de la sociedad civil como el CPP- se encuentra en evaluación de cuatro puntos considerados en alerta muy grave. Estos son garantizar y fortalecer la independencia del Instituto Peruano de Radio y Televisión, garantizar la transparencia y publicidad de procesos de contratación de publicidad estatal. Asimismo, no limitar, restringir o prohibir que los periodistas busquen, reciban o expresen información libremente; y no usar la vía judicial ni el poder político, directa o indirectamente, para intimidar a periodistas y medios de prensa críticos al Gobierno.

Del mismo modo, se informa sobre la existencia de grupos de ciudadanos violentos que insultan y atacan a periodistas, autoridades y personajes públicos por sus publicaciones, sus posiciones o su trabajo.

“También se ha convertido en un frente de agresión a la libertad de expresión el activismo político y digital que busca censurar opiniones discordantes, principalmente a través de las redes sociales”, anotó.

La organización presentó el SIP Bot, una herramienta de inteligencia artificial que permitirá a los periodistas rastrear el tratamiento del tema de la libertad de prensa en medios y redes sociales en tiempo real.

“Semestre desolador para el periodismo en las Américas”

Para la SIP, ha sido un semestre desolador para el periodismo en las Américas y la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre. Así, informó que en los últimos seis meses fueron asesinados 15 periodistas, la mayoría de México, además de Haití, Guatemala y Honduras.

Uno de los puntos cruciales es la aprobación por parte de la SIP de una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacional e internacional asumen un plan de acción eficaz.

Finalmente, se solicita a organismos multilaterales que condicionen los créditos y la ayuda no humanitaria hasta que el Gobierno libere a los presos políticos. También implica la devolución de medios.