Bruno Pacheco y sobrinos del presidente Pedro Castillo con orden de prisión

Por peligro de fuga y la probable existencia de una organización criminal en las altas esferas del Estado. El juez de investigación preparatoria de Lima Manuel Chuyo Zavaleta impuso prisión preventiva por 36 meses a los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco.

De inmediato, el juez oficio a la Policía Nacional para que inicie la búsqueda, ubicación y captura de estas personas en la investigación que se les sigue por delitos de colusión y organización criminal. Pacheco, Vásquez y Castillo se encuentran con paradero desconocido desde el 28 de marzo último.

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También se impuso prisión preventiva a los funcionarios de Provías Descentralizado Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, y a los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera Adrianzén. Ellos se encontraban con detención preliminar, unos desde fines de marzo y otros desde el 4 de abril.

La fiscal Karla Zecenarro, quien hizo el pedido, quedó conforme con la decisión. Los abogados de las siete personas contra las que se dictó la medida de detención apelaron para que la decisión sea revisada por una Sala de Apelaciones.

Probable condena

El juez sustentó su decisión en la sospecha fuerte de la existencia de una organización criminal en el actual Gobierno que concertó con empresarios y funcionarios públicos para favorecer al consorcio Tarata III en la adjudicación de la buena pro para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región San Martín.

Anotó que la sospecha fuerte se sostiene en la existencia de un informe de la Contraloría que encuentra irregular que el Comité de Provías Descentralizado concediera un mayor plazo a los postulantes para presentar sus propuestas en la licitación pública.

Lo que reforzaría la declaración de la lobista, también investigada, Karelim López. Ella declaró que Zamir Villaverde llamó a Luis Pasapera para ofrecerle un listado de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a las que podían postular sus empresas y ser favorecidas en el concurso público.

A lo que se suman las visitas y reuniones que Karelim López realizó a Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno, lugar al que también acudieron Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Elementos que el juez consideró suficientes para establecer la alta probabilidad de una sentencia condenatoria, pues en esta etapa se trata solo de investigar, por lo que no se requiere prueba o firmeza en la sospecha.

Será recién en el juicio que se verá si los dichos de López se pueden probar y si el informe de la Contraloría tiene sustento.

En este contexto, el juez desestimó todos los argumentos de los abogados defensores respeto a la falta de corroboración de la declaración de Karelim López.

Peligro de fuga

Chuyo Zavaleta también resaltó el hecho de que Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente no hayan sido ubicados en sus domicilios durante la diligencia de allanamiento y detención preliminar realizada el 28 de marzo último.

A lo que se agrega que actualmente se encuentran con paradero desconocido y no se han puesto a derecho, con lo que se establece el peligro de fuga.

En tanto, sobre Luis Pasapera, Zamir Villaverde, Edgar Vargas y Víctor Valdivia, indicó que si bien fueron encontrados en sus domicilios o se pusieron a derecho en los días posteriores, el peligro de fuga se da por la presunta pertenencia a una organización criminal.

Dicha organización criminal, que operaría al interior del Gobierno del presidente Pedro Castillo, podría obstaculizar las investigaciones o ayudarlos a escapar posteriormente, ante una alta condena de prisión por los delitos cometidos.

Sobre la duración de la medida, consideró que el plazo de 36 meses que solicitó la Fiscalía es el idóneo, pues asegurará que esta pueda realizar la investigación y reunir las pruebas que presentarán en la acusación y el juicio público.

Datos

Tiempo. La organización criminal habría operado entre agosto y noviembre del 2021, tiempo en el que se desarrolló la licitación para la construcción del puente Tarata III, de acuerdo con la hipótesis de la investigación de la fiscal Karla Zecenarro.