El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permitirá que el exdictador Alberto Fujimori salga de prisión ha causado el rechazo y la preocupación de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También se han manifestado en contra organizaciones nacionales.
“Frente a la decisión del TC de restablecer el indulto al expresidente Fujimori, subrayamos que el derecho internacional de derechos humanos restringe indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos. Se debe respetar los derechos de las víctimas a la justicia y el Estado de Derecho”, expresó Naciones Unidas en un tuit.
Mientras que la CIDH indicó: “Reiteramos que la restitución del indulto a Alberto Fujimori sería una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y destacamos que este debe adoptar las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas, y sus familiares, afectadas con esta decisión”.
Asimismo, el pasado viernes 18 de marzo, la Corte IDH acogió a trámite un pedido de medidas cautelares solicitado por los abogados y familiares de las víctimas. La Corte le ha requerido al Estado peruano que informe de la decisión del TC a favor de Fujimori y le ha dado un plazo que vence el 25 de marzo.
A nivel nacional se han manifestado en contra organizaciones que representan a las víctimas: la Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).
También se ha pronunciado Amnistía Internacional Perú, que a través de un tuit señaló que “rechaza fallo del TC que reestablece indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori y se solidariza con las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia y reparación”.
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Por último, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) ha indicado que “el Estado peruano tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos”.
“La Corte IDH ha señalado que el otorgamiento de un indulto humanitario en estos casos supone una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Asimismo, ha establecido que, incluso cuando existan razones humanitarias de por medio, la medida por la que se opte debe ser la menos restrictiva a los derechos de las víctimas y solo debe ser aplicada en casos extremos por necesidad imperante”, añade.
A renglón seguido, el Instituto concluye que la decisión del TC “de restablecer el indulto otorgado en 2017 a Alberto Fujimori, condenado por los casos de graves violaciones de derechos humanos en Barrios Altos y La Cantuta, contradice abiertamente estos estándares”.