El próximo jueves 18 de febrero, desde las nueve de la mañana, Vladimir Cerrón Rojas y otros siete acusados por malversación de fondos en el Gobierno Regional de Junín desde el 2012, participarán en el juicio en su contra donde la Fiscalía ha pedido para todos ellos una pena de 2 años y 11 meses de prisión, así como el pago de una indemnización de S/100.000 al Estado.
“De no concurrir a la audiencia, se interpretará que están renunciando a su derecho y se continuará la sesión para programar la próxima fecha de lectura de sentencia”, sostuvo este viernes el juez Guido Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Unipersonal de Junín y quien conduce desde agosto pasado el juicio contra los ocho exfuncionarios de la región.
En efecto, en la audiencia de hoy concluyeron las intervenciones de los abogados, quienes en sus alegatos finales solicitaron que se absuelva a los acusados. De esta manera, la defensa del implicado Ulises Panez, indicó que “no se encuentra probada la ilegalidad del desvío del monto” y “la pericia [que acreditó los perjuicios a comunidades campesinas y a la generación de empleo por desviar el presupuesto de la reforestación del valle del Mantaro] es incompleta y no es objetiva”.
“Solicitar autorización para modificar el presupuesto no configura malversación de fondos. No existió afectación al servicio público”, sostuvo por su parte la defensa de Ofelia Ríos Pacheco, otra exmiembr del Gobierno Regional.
La fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, ratificó en una audiencia pasada que Cerrón y otros miembros del Gobierno regional desviaron en 2012 alrededor de S/ 2.288.088 que estuvieron destinados a un proyecto de reforestación en el valle del Mantaro. Al final, dicho monto se desvió para ejecutarlo en otras nueve obras.
Cerrón, “abusando del cargo y sus funciones, emitió resoluciones que casi dejan sin presupuesto a la obra de reforestación del Mantaro [valorizado en S/29 millones], que estaba en etapa de inversión en 2012″, apuntó Bautista.
Además, según el perito de la Fiscalía Víctor Rosario Contreras, las modificaciones de presupuesto aprobadas por Cerrón y el Gobierno regional afectaron a más de 95 comunidades campesinas y la generación de empleos que pudo traer consigo la reforestación de la margen derecha del Mantaro. Los perjuicios por el desvío ilegal de presupuesto en Junín, con el consentimiento y participación de los gerentes regionales, fueron múltiples, aseguró la fiscal.
Para el siguiente 18 de febrero se tiene prevista, de esta manera, la participación del fundador de Perú Libre así como el resto de sus coacusados.
La fiscal María Huamán pidió contra el fundador del partido Perú Libre 2 años y 11 meses de cárcel y acusó también a otros siete involucrados con quienes el exgobernador habría usado de forma irregular S/ 2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
Dicha obra que se venía ejecutando desde el 2009 tenía un presupuesto total de 29 millones de soles, pero en 2012 el gobierno regional decidió que ya no continúe y destinó los fondos restantes por dos millones 288.000 soles para financiar otras nueve obras en Huancayo, como la construcción del Puente Comuneros y un proyecto de salud comunitaria.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó también a los exgerentes del Gobierno Regional de Junín Henry López Cantorín, Julio Matos Gilvonio, Estela Baldeón Ormaza, Ofelia Ríos Pacheco, William Acosta, Rocío Bonifacio Aliaga y Ulises Panez Berau.