El año 2021 terminó y se llevó consigo la posibilidad de cerrar dos temas importantes que siguen pendientes en el Congreso de la República: la elección del nuevo defensor del Pueblo y la selección de candidatos para los nuevos magistrados integrantes del Tribunal Constitucional (TC).
Aunque no es la primera vez que ambos procesos demoran más tiempo de lo debido, la mayor incertidumbre gira en torno a si serán elegidas las personas idóneas para el cargo o si la decisión estará vinculada a algún tipo de interés político.
De acuerdo con César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, la elección de los nuevos magistrados “debe garantizar independencia e imparcialidad”. En diálogo con La República, sostuvo que el proceso que viene siguiendo el Congreso ha evidenciado que no cumple con ambos criterios.
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“No está demostrando plenamente las garantías de una elección que tenga esas características al punto que, al final del año pasado, un grupo de expertos independientes propuso al presidente de la comisión especial contribuir mediante entrevistas de jueces internacionales en materia constitucional para poder conocer, sin ningún carácter vinculante, la capacidad de conocimientos, de la expertise, pero esto fue negado (…) Es una mala señal”, comentó.
Sin embargo, el letrado sostiene que no es la primera vez que el órgano constitucional atraviesa un retraso como el actual y los miembros se ven en la obligación de continuar con sus labores hasta que el proceso de selección llevado por el Legislativo culmine.
El expresidente del Tribunal Constitucional César Landa, también se retiró del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, en total desacuerdo con el modo como se consiguió la aprobación del dictamen. Foto: La República.
“(El Tribunal Constitucional) siempre ha tenido problemas en la renovación a tiempo de sus magistrados por las demoras, las dificultades, al punto que han habido magistrados que después de su periodo de cinco años se han quedado cuatro años más”, afirmó.
En el caso del nuevo defensor del Pueblo ocurre algo similar. Según Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, ha ocurrido anteriormente que el proceso de selección iniciado por el Parlamento ha demorado hasta cinco años.
En conversación con este medio, Lanegra afirmó que el actual defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, podría renunciar a su cargo, ya que su mandato venció, y se tendría que ver quién asumiría el puesto mientras el Legislativo llegue a una decisión.
“Podría decidir dejar el puesto. En esos casos (Jorge Santistevan y Beatriz Merino), fueron los adjuntos y ambos tuvieron periodos largos, casi cinco años como encargados de la Defensoría. Esperemos que eso no vuelva a pasar”, puntualizó.
En ese sentido, Lanegra indicó que existen dos factores que generan el constante retraso en la elección del nuevo defensor del Pueblo: un alto consenso en el Parlamento y conseguir al candidato adecuado.
“No es fácil conseguir los votos. Requiere un alto nivel de consenso político, es difícil conseguir todos los votos (...) Luego, tienes el tema que como esta elección es difícil, tienes que buscar al candidato adecuado para tratar de llegar a esa votación”, comentó.
El abogado refirió que se debe llevar a cabo el proceso con los más altos estándares en todo aspecto. Foto: Javier Quispe Arcasi.
Según el secretario general de Transparencia, ello genera una situación de pocos incentivos, por lo que quienes cumplirían con un buen perfil para el puesto no desean someterse a la evaluación. “Es una elección bien difícil, porque es un solo puesto y una votación bien alta”, añadió.
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Por otro lado, en relación a la elección de magistrados del TC, Landa manifestó que el problema radica en la composición del Parlamento, ya que “no tiene una agenda oportuna” y que el Perú no es el único país donde este poder del Estado se encarga de dicha tarea.
Así, el expresidente del TC propuso que la Junta Nacional de Justicia realice la tarea que el Legislativo no ha logrado concluir en su debido tiempo. Sin embargo, en ese caso existirían obstáculos para realizar el cambio.
“Para eso demandaría una reforma constitucional, porque las juntas de justicia no tienen competencia, sino para nombrar a los jueces supremos y otros jueces, pero creo que de momento es una institución que tiene la legitimidad suficiente para asumir este gran reto y no dejar que el Parlamento vaya a nombrar como nuevos magistrados a seis o siete personas dependientes”, enfatizó.
Aunque la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, ha señalado que la designación del nuevo defensor del Pueblo representa una prioridad dentro de su agenda, es importante primero determinar el perfil de la persona que ocuparía dicho puesto.
Walter Gutiérrez
Iván Lanegra expresa que la labor que desempeña el defensor requiere un perfil muy alto, al igual que los de Santistevan y Merino, ya que considera que la labor de Gutiérrez fue un poco más criticada.
“El peso que debe tener la persona por su trayectoria debe ser muy grande, debe ser una persona impecable, una voz muy respetada, que haga que cuando se emita una opinión pueda ser siempre escuchada. Los dos primeros defensores titulares sin duda venían de una trayectoria muy importante previa a su puesto (...) Creo que en esta última gestión han habido más críticas, pero en cualquier caso sería ideal volver a un nivel muy alto de perfil”, aseveró.
Sin embargo, acotó que al requerir un consenso muy alto -en la votación, dos tercios de los legisladores, es decir, 87- y en un ambiente tan polarizado como el actual, las preferencias políticas podrían aparecer. En ese punto, sí existiría un peligro en la elección.
“Eso sí sería muy malo para la Defensoría, que termine representando a algún tipo de posición política en lugar de ser una instancia que esté sostenida sobre su manejo impecable y la trayectoria completamente intachable del titular”, concluyó.