Jurado Nacional confirma a Kimmerlee Gutiérrez en el cargo de gobernadora de Arequipa
Algunos consejeros sostenían “la peregrina idea” que, confirmada la prisión, recién se podía elegir al nuevo gobernador. Pero con la resolución del JNE, esto quedó descartado.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cortó por lo sano las ambiciones de algunos consejeros regionales que aspiraban a ocupar el puesto de Elmer Cáceres Llica. El máximo órgano electoral dejó sin efecto la credencial del gobernador regional de Arequipa con 24 meses de prisión preventiva y confirmó en el cargo la vicegobernadora Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire para que asuma el puesto en tanto se resuelva la situación jurídica de la autoridad.
Algunos consejeros sostenían “la peregrina idea” que, confirmada la prisión, recién se podía elegir al nuevo gobernador. Cáceres es investigado en reclusión por 24 meses por el presunto delito de organización criminal y contra la administración pública.
Mediante Resolución n.° 0944-2021-JNE, el colegiado del JNE dejó sin efecto la credencial otorgada a Cáceres Llica y convocó en su reemplazo a la vicegobernadora Kimmerlee Keily Gutiérrez Canahuire. Ella debería quedarse en el cargo hasta diciembre de 2022 si es que Cáceres no es liberado.
El organismo electoral señala que, si bien no existe pronunciamiento por parte del Consejo Regional de Arequipa, se considera legítimo declarar en única y definitiva instancia jurisdiccional la suspensión de un gobernador por la causa de mandato firme de detención derivado de un proceso penal y, por tanto, se convoque de manera provisional a la nueva autoridad regional.
El elemento consustancial a todo Estado constitucional y democrático de derecho lo constituye la gobernabilidad, así como la propia estabilidad social, la cual podría verse alterada con una demora innecesaria en la tramitación de un procedimiento de declaratoria de suspensión como en este caso”, remarca. Además, el JNE indica que la regulación la suspensión de autoridades regionales debe ser interpretada atendiendo a la finalidad constitucional y legítima de garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la gestión regional.