Nuevas informaciones complican al presidente de la República, Pedro Castillo. Rosa María Palacios se refirió al informe de IDL-Reporteros, el cual da cuenta que Karelim López se presentó entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre acompañada de su entonces abogado Fernando Ugaz ante la Fiscalía Anticorrupción, donde ofrecieron una colaboración eficaz a cambio de no ser imputada por el delito de tráfico de influencias.
Este procedimiento, según Palacios, implica que la persona que busca colaborar con la justicia tiene que aceptar su delito. Asimismo, López deberá dar información útil y corroborable para, posteriormente, ser exonerada del cumplimiento de una pena privativa de la libertad.
De acuerdo a las fuentes del portal periodístico liderado por Gustavo Gorriti, Karelim López relató que tenía forma de probar que entregó una cantidad en efectivo a Castillo Terrones previa coordinación.
La investigada también afirmó que podía corroborar que esta era una contraprestación para obtener una carta abierta para otras licitaciones con el Estado. Agregó que habían hechos mucho más graves que ni la Fiscalía tenía conocimiento.
“Es un auténtico bombazo (...) Lamentablemente, ella no aceptaba culpa alguna, quería ser una colaboradora eficaz sin reconocer delito y, por tanto, se frustró la conversación y se retiró”, señaló Palacios.
La conductora de LR+ precisó que es posible que el nuevo abogado de López, César Nakazaki, podría persuadirla para que colabore con la justicia.
“Esta vez se trata del presidente de la República y no de una historia de su pasado, no de algo que alguien dijo y que no se puede corroborar. Se trata de una historia de su presente que tiene hechos complejos ya probados”, dijo.
RMP advirtió que hay indicios contundentes. Por ejemplo, el Consorcio Puente Tarata III, que tendría vínculos con Karelim López, ganó una licitación de 232,5 millones de soles pese a no tener experiencia.
Además, son públicas las ocho visitas que tuvo López a Palacio de Gobierno, donde se reunió con Castillo Terrones y el exsecretario general Bruno Pacheco.
¿Se puede vacar a Castillo con esta nueva información? La abogada recordó que la Constitución solo permite destituir a un mandatario por cuatro delitos.
“Estamos hablando de una entrega de dinero al presidente de la República como acto de corrupción de su Gobierno durante el ejercicio del poder”, aclaró.