La suerte del gobernador Elmer Cáceres Llica, se define hoy. El juez de investigación Preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Arequipa, José Málaga Pérez se pronunciará a partir de las 09:00 horas sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra ocho integrantes de la presunta organización criminal “Los Hijos del Cóndor”.
Cáceres es acusado de ser el líder de la red. La Fiscalía especializada en delitos de corrupción, lo acusa de ofrecer prebendas, obras, dinero en efectivo y terrenos, en complicidad con funcionarios y asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a consejeros regionales para que no fiscalicen su gestión.
La audiencia de prisión preventiva inició el pasado 3 de noviembre. El último martes, los alegatos de las partes llegaron a su fin con la exposición de la defensa de la consejera Jeimy Flores. No obstante, el juez reservó para hoy, la exposición de los arraigos de la defensa de Mario Jacobo, dirigente de la irrigación Pampas Bayas.
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En la jornada, también se cederá la última palabra para cada uno de los investigados. Se les otorgará tres minutos a cada uno. No obstante, conforme a ley estos podrían declinar del beneficio. Inmediatamente después, el magistrado iniciará con la lectura de la resolución de los investigados, comenzando por Cáceres Llica.
A través de jornadas maratónicas, el fiscal Arturo Valencia expuso audios grabados por una testigo protegida y la agente especial Samanta Miranda Tijero, que revelaron el modos operandi de Cáceres y sus “aliados”.
La Fiscalía, en ese contexto, acusa a la red de los delitos de organización criminal y cohecho, por lo que elevó una prognosis de pena que puede llevar a la cárcel a la primera autoridad de Arequipa hasta 31 años. En tanto que para Gregorio Palma (Gerente General del GRA), Napoleón Ocsa (gerente de Autodema), Marcelo Córdova (Ex gerente de Autodema), Alfredo Leo Dan Llaiqui (Asesor) y Mario Jacobo, la pena podría ser de 16 años. Para los consejeros Veto Bernal y Jeymi Flores, se estima hasta 29 años y 15 años de prisión respectivamente.
La fiscal superior María del Rosario Lozada justificó el plazo de tres años de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. Explicó que en ese lapso se realizarán pericias en Lima, como la verificación del contenido de las computadoras, equipos celulares incautados a los investigados, identificación de voz de los audios.