-El viernes estuvo en Ayacucho anunciando el cierre voluntario de cuatro proyectos mineros. Hoy, sábado, estas empresas con la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo han señalado que esto de voluntario no tiene nada. ¿Qué responde?
Debo reafirmar, categóricamente, el compromiso de este gobierno de respetar la estabilidad jurídica, las normas legales. Estamos siempre reafirmando, en todo espacio, nuestro apoyo a la inversión privada, especialmente a actividades como la minería. ¿Qué ha sucedido en Ayacucho? Nosotros no hemos ido a decretar el cierre de nada. Lo que sucede es que hay cuatro unidades mineras que vienen trabajando desde hace varios años y que ya están en proceso de cierre, algunas en cierre final, inclusive.
-¿Cuáles en cierre final?
Apumayo es una. Ellos ya están en cierre final. Han pedido varias veces ampliaciones, modificaciones y se les ha dado. Hasta diciembre tienen que culminar con el cierre final, y luego vendrá la etapa de post cierre. Luego está Pallancanta, que está en cierre progresivo hasta diciembre y empieza el cierre final a partir del 2022. Inmaculada también inicia el cierre final en el 2022. Y Breapampa es la única que tendría un cierre progresivo todavía, hasta el 2023.
-Lo que alegan es que no se las ha consultado. ¿Es verdad?
A ver, ¿por qué no tendríamos que consultar este tema? Porque realmente estas empresas establecen su plan de cierre con fechas establecidas en resoluciones. Esto no tiene que consultarse, esto está establecido en resoluciones tanto en el Minem como en el Minam.
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-Para aclarar, ¿antes del anuncio no se les consultó?
No es que no se les haya consultado. Nosotros vamos a informar lo que está establecido en las resoluciones pertinentes. Lo que quiero decir es que no se ha decretado ningún cierre de minas, lo que estamos diciendo es que vamos a garantizar la etapa de cierre conforme a ley, para que se cumpla en los términos establecidos por la norma. Y solo se va a aplicar para estas cuatro minas, no para otras unidades de Ayacucho ni de otras zonas.
-Las mineras también alegan que los planes de cierre son instrumentos de gestión que se actualizan en función de nuevos descubrimientos de mineral. Por tanto, se aprueban y renuevan periódicamente.
Mire, los planes de cierre tienen fechas certeras. Hoy día escuché en la conferencia que son instrumentos vivos y que podemos ir modificándolos…
-Ese es el argumento, correcto.
No es verdad. Legalmente existen etapas de la minería y el plan de cierre nos sirve para tener certezas y planificar. No es verdad que sea una cosa flexible y que unilateralmente la empresa minera pueda decidir extenderlo hasta donde ellos estimen conveniente. Hay una diferencia de conceptos, pero, más allá de eso, nosotros ratificamos nuestro deseo de conversar con ellos. Como anunciamos ayer, vamos a dialogar, de ninguna manera queremos ahuyentar la actividad minera, no queremos asustar a los inversionistas, pero sí queremos que comprendan que este es un gobierno que va a cumplir su labor de fiscalización y control de manera más adecuada, como no se ha hecho antes.
Mirtha Vásquez y viceministros viajaron a Ayacucho para tratar conflicto minero. Foto: PCM
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-¿No hubiese sido mejor conversar primero y anunciar después?
Lo importante en estos procesos es cumplir con la normatividad, con lo que tenemos establecido en las resoluciones. Eso nos da también seguridad jurídica a las partes, ¿no? Entrar en procesos de negociación sobre cosas que ya estaban establecidas en las resoluciones y en las normas son cosas terceras. Es verdad que, si las empresas quieren negociar sobre eso, podemos sentarnos…
-Se ha hablado de juicio, incluso.
Sí, pero mire, yo llamaría al empresariado a tener no solo responsabilidad si no tranquilidad y calma. Nosotros los vamos a convocar, vamos a hablar con ellos, vamos a explicar nuestra postura y creo que ellos, en términos de seguridad jurídica, tendrán que comprender que lo único que les está pidiendo este gobierno es que todas las partes podamos cumplir con los planes establecidos.
-Óscar Caipo, de la Confiep, dijo que usted ha pasado por encima del estado de derecho, asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado. ¿Qué piensa?
De ninguna manera. Cuando yo doy una explicación sobre el tema, hemos recibido información del Minem, del Minam, entonces no hay una extralimitación de mis funciones porque yo no estoy ordenando nada, ni decretando nada. Lo que hago es informar lo que existe en las resoluciones. Segundo, ¿estamos vulnerando el Estado de derecho cuando decimos que queremos acompañar el proceso de cierre de minas que tiene un cronograma establecido por la propia empresa? No, estamos ejerciendo nuestra función como Estado de decir que acá los procesos van a ser fiscalizados.
-Es consciente de que, más que nunca, le van a decir anti minera, ¿correcto?
Mire, las empresas nunca dejaron de decirme a mí anti minera, nunca. Nunca desde que yo ejercí mi labor como defensora, nunca me lo dejaron de decir, y ahora están afianzando ese discurso. Pero lo vuelvo a decir: no hay aquí alguien anti minera, hay alguien que defiende los derechos de la población vulnerable, que necesita a su Estado.
La entrevista completa, este domingo 21 de noviembre en La República.