La Contraloría General de la República solicitó a los funcionarios y servidores públicos mantener la neutralidad y hacer un uso adecuado de los bienes y recursos que tienen a su disposición. Este llamado se suma al de la Defensoría del Pueblo, la cual instó a las autoridades a que no intervengan en el desarrollo de iniciativas ciudadanas de consulta popular, en referencia a la recolección de firmas para una asamblea constituyente.
“La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su mandato constitucional, recuerda que es obligación de todas las autoridades, las y los servidores y funcionarios de la administración pública hacer uso adecuado de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad”, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.
En ese sentido, recordaron que las normas actuales estipulan que existen sanciones administrativas y penales “por destinar o autorizar el uso de infraestructura, bienes o recursos públicos en actividades ajenas a la función y/o quehacer institucional, entre ellas, las de proselitismo político”.
Ante esto, la Contraloría dispuso que los órganos de control a nivel nacional supervisen el uso correcto de los bienes y recursos y que estos sean únicamente destinados a fines que se establecen por ley.
“Sin perjuicio de ello, corresponde también al Congreso de la República y al Ministerio Público realizar las acciones de fiscalización de acuerdo a sus atribuciones”, agrega la institución en el comunicado.
Comunicado de la Contraloría. Foto: difusión
Del mismo modo, el último miércoles 22 de setiembre, la Defensoría del Pueblo lanzó un pronunciamiento en el que instó a los funcionarios públicos a que guarden la neutralidad en el desarrollo de iniciativas ciudadanas de consulta popular, refiriéndose a los congresistas y ministros de Perú Libre, partido con el que llegó Pedro Castillo a la Presidencia de la República, que tendrían la intención de promover una recolección de firmas para una asamblea constituyente.
“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato de protección de derechos humanos y de supervisión de la buena marcha de la administración pública, recuerda a las autoridades y funcionarias/os públicas/os que deben guardar absoluta neutralidad en los procesos de recolección de firmas que se vienen desarrollando en materia de reforma constitucional“, expresó la entidad.