La falta de peritos es uno de los motivos para la demora de los procesos judiciales, sobre todo en aquellos donde un peritaje es la prueba principal. Ahora, por una “interpretación extensiva” del Código Procesal Penal, esta situación puede empeorar más, si la Corte Suprema no le pone un alto.
Resulta que se pretende que los peritajes se realicen exclusivamente en una “mesa de trabajo” donde en cada sesión de análisis, evaluación y conclusiones del perito oficial, también tenga participación “activa y dinámica” el perito de parte, es decir, el que contrate el investigado.
Incluso para que esta “mesa de trabajo” funcione se está cuestionando que los peritos desarrollen su trabajo de manera virtual, pues eso impide al especialista del investigado mirar los documentos desde el mismo ángulo de vista y solo de manera estática.
Este reclamo comenzó el año 2018 en un proceso de corrupción de funcionario, que fue acogido por el juez nacional Jorge Chávez Tamariz y ratificado por una sala de apelaciones de la Corte Penal Nacional.
Pese a que esa decisión judicial no tiene valor de jurisprudencia vinculante, también se empieza a extender a los procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Es el comienzo. Pronto se pedirá aplicar en la investigación de todo tipo de delitos, en los que se necesite un peritaje: balística, medicina forense, autenticación de firmas y documentos, etc.
El problema se había circunscrito a algunos juzgados y salas anticorrupción de la Corte Penal Nacional, pero dicha interpretación está dando “un salto cuántico jurídico” a todo el Poder Judicial.
El excandidato presidencial del derechista partido Renovación Popular Rafael López Aliaga Cazorla y el destituido fiscal supremo y exmagistrado del JNE Luis Arce Córdova coincidieron en sustentar, esta semana, ante los jueces, sendos pedidos para que se anulen los peritajes contable-financieros realizados a sus ingresos y gastos.
Ambos sostienen que la Fiscalía no cumplió con instalar la mencionada “mesa de trabajo” y, por tanto, sus peritos no tuvieron participación activa en el desarrollo de los peritajes, que fueron desfavorables a ellos.
Por lo tanto, piden que el trabajo pericial comience de nuevo y, en caso de que estuviera terminado, sea anulado y vuelva a comenzar de cero.
Decisión clave. La decisión del juez supremo instructor Hugo Núñez Julca será clave en el desarrollo interpretativo de la “mesa de trabajo” pericial. Foto: captura de Justicia TV
Ambos pedidos se sustentan en una “interpretación extensiva” del numeral 2 del artículo 177º del Código Procesal Penal que dice: “El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje”.
Desde el 2004, cuando empezó a implementarse el Código Procesal Penal, dicho artículo se interpretó como una coordinación entre los peritos oficiales y de parte, a fin de que ambos tengan acceso a los misma información y material probatorio.
El perito oficial desarrollaba su labor y, en caso de discrepancia, el Código Procesal establece que el perito de parte formula observaciones y, además, puede emitir un peritaje de parte. Ambos documentos eran analizados por el juez.
Sin embargo, las defensas de López Aliaga y Arce sostienen que ese artículo supone que el perito oficial no puede hacer ni decir nada sin la presencia del perito de parte, para lo que se debe establecer la “mesa de trabajo o coordinación pericial”.
Pendiente. López Aliaga ha sido crítico con Lava Jato. Fujimori es investigada en ese caso. Foto: Aldair Mejía/La República
La existencia de esa “mesa” no aparece en ninguna parte del Código Procesal Penal, ni en ninguna otra norma legal, advirtió en audiencia en el Juzgado Supremo de Investigación, el fiscal supremo adjunto Ramiro Gonzales.
Además, señaló, si se impone ese criterio, no habría peritos, ni fiscales, ni presupuesto suficiente, ni plazo posible para todas las mesas periciales que deberían establecerse.
El abogado de Rafael López Aliaga sustentó su pedido ante el juez nacional Jorge Chávez Tamariz en investigación por lavado de activos. Su abogado, el exmagistrado Wilber Villafuerte, le invocó volver a aplicar su resolución del año 2018 y anular los peritajes sobre sus cuentas offshore.
La defensa de Luis Arce habló ante el juez supremo Hugo Núñez Julca en el proceso por enriquecimiento ilícito. El abogado de Arce quiso sustentar sin respetar plazo temporal que le dio el juez, por lo que el magistrado le tuvo que llamar la atención.
La decisión de Núñez Julca será la primera que evalúe la “mesa de trabajo” en la Corte Suprema.
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