Congreso: buscan interpretar la Constitución sobre la cuestión de confianza
El legislador Luis Valdez, de Alianza para el Progreso, presidente de la Comisión de Constitución, impulsó esta iniciativa legislativa porque aduce que desde el 2018, con Martín Vizcarra en el Ejecutivo, se ha “desnaturalizado” la cuestión de confianza como instrumento para garantizar el equilibrio de poder.
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), presentó ayer un proyecto de ley para la interpretación del artículo 132 de la Constitución Política, que tiene que ver con la figura legal conocida como cuestión de confianza.
Con la modificación anunciada, el mencionado artículo señalaría lo siguiente: “Interprétese que la facultad del Poder Ejecutivo de plantear cuestión de confianza sobre la aprobación de iniciativas no puede referirse a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, entre las cuales se encuentra la de aprobar reformas constitucionales”.
Según los expertos, el objetivo de esta iniciativa legislativa emprendida por Valdez es que el Poder Ejecutivo no pueda plantear la cuestión de confianza para la aprobación de reformas constitucionales.
Esto, en un contexto de inicio de un nuevo gobierno, ha generado suspicacias.
En el proyecto de ley se indica que uno de los beneficios de agregar la nueva interpretación es que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo gozará de una “mejor percepción ciudadana en el corto y mediano plazo, pues no intervendrá en atribuciones exclusivas y excluyentes de otros poderes del Estado”.
De igual forma, se refiere que de prosperar la modificación, “el Parlamento podrá tener mayor certeza y previsibilidad de la relación entre los poderes”.
Por otro lado, se hace hincapié en que la aprobación de esta iniciativa de Luis Valdez haría que la ciudadanía perciba negativa o no comprenda la importancia de esta interpretación, y generaría que el Poder Ejecutivo considere “que se le recorta la amplitud de maniobra que ha venido ejerciendo con motivo de la desnaturalización de la cuestión de confianza”.
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Motivos aparentes
En la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, el parlamentario de Alianza para el Progreso precisa que “a partir del 2018 ocurre una desnaturalización de la cuestión de confianza”.
Ello en relación con que durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, el entonces primer ministro César Villanueva presentó una cuestión de confianza para aprobar reformas como la de la creación de la Junta Nacional de Justicia y la prohibición de la reelección de congresistas.
Además, se señala que en junio del 2019, Salvador del Solar, que ejercía en ese momento como presidente del Consejo de Ministros, también solicitó la cuestión de confianza al Parlamento “para la aprobación de seis proyectos de ley vinculados a la lucha anticorrupción”.
Se considera además lo ocurrido en setiembre del 2019, cuando el Ejecutivo planteó dicha medida por el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional por una presunta “celeridad y falta de transparencia”.
Por esas razones, explicó Valdez Farías, existe una clara desnaturalización de la institución de la cuestión de confianza. “El Ejecutivo avasalló al Congreso a aprobar incluso reformas constitucionales bajo amenaza de disolución. Ello a pesar de que el artículo 206 de la Constitución Política del Estado aleja al Ejecutivo del proceso de reforma constitucional, estando impedido de observar la autógrafa de ley de reforma”, indicó.
Precedente
La semana pasada, el Pleno rechazó el proyecto de ley mediante el cual se buscaba modificar la Constitución en lo referente a la presentación y trámite de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, también de Valdez, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. El dictamen elaborado por la comisión de Constitución solo obtuvo 81 votos a favor, cifra menor que los dos tercios del número legal de congresistas hábiles.
La clave
Cambio frustrado. La iniciativa N° 7624 modificaba a los artículos 133 y 134 y establecía que el gobierno solo podría plantear el referido mecanismo cuando estén de por medio políticas generales de gobierno y sobre la permanencia de ministros y fiscales. Tendrá que someterse a consulta de la ciudadanía.
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