El Poder Judicial continuó este viernes con la audiencia de nulidad solicitada por Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka y otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos. Esto ocurrió en el marco del caso Odebrecht.
En la sesión participaron los abogados de Jaime Yoshiyama, Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella y Fuerza Popular, y de Luis Barboza. Además, el fiscal José Domingo intervino para rebatir los argumentos de los letrados, quienes buscan que la investigación retorne a etapa preparatoria.
Durante su alocución, Pérez Gómez manifestó que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pide que la investigación del caso Odebrecht retroceda porque no quiere participar en el juicio oral en su contra.
“La acusada Keiko Fujimori no quiere que un Poder Judicial independiente juzgue sus crímenes en un juicio oral y público. Y de la misma manera los demás acusados. Pretende que no se logre demostrar su culpabilidad. Por lo tanto, señor juez, no existe privación o limitación de oportunidades del ejercicio de derecho de defensa”, exclamó.
Este viernes 7, el Poder Judicial continuará la audiencia de nulidad solicitada por Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka y otros involucrados por el presunto delito de lavado de activos.
En la sesión, que iniciará desde las 9.00 a. m., se evaluarán los recursos que presentaron las defensas de los involucrados con el fin de anular la conclusión de la investigación que se les sigue por el caso Odebrecht.
Fue en marzo de este año que el partido Fuerza Popular solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday que se anule la decisión del fiscal José Domingo Pérez, quien concluyó formalmente la investigación contra Keiko Fujimori y otros involucrados.
La República pudo conocer que este pedido fue dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que dirige Zúñiga, el 12 de marzo, un día después de que Pérez presentara su acusación ante el mismo magistrado.
Según el documento de 15 páginas al que tuvo acceso este diario, el abogado Juan Alarcón Caycho (uno de los defensores del partido) estima que la decisión del Ministerio Público afecta los derechos al debido proceso, a la defensa y a la prueba.
Por otra parte, se señala también que faltaron diversas diligencias por cumplirse, como por ejemplo que la Fiscalía “omitió pronunciarse” sobre el ofrecimiento de 19 declaraciones de testigos protegidos, su pedido para que declaren los empresarios Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, Vito Rodríguez, entre otros.
El 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez concluyó la investigación por organización criminal, lavado de activos y otros delitos, contra Keiko Fujimori, presentando a su vez ese mismo día, por la mañana, su acusación en la que solicitó 30 años y 10 meses de prisión para la actual candidata presidencial.
La investigación de Pérez se formalizó en octubre de 2018. En ese entonces, solo contemplaba los delitos de lavado de activos, organización criminal y asociación ilícita.
Dada la complejidad del caso, con el tiempo fueron aumentando los ilícitos a indagar llegando a ser ocho en total, aparte de los anteriores: obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal, falsificación de documentos y falsedad genérica.
Según la hipótesis fiscal, Keiko Fujimori habría encabezado una red criminal en las campañas presidenciales de 2011 y 2016 “blanqueando” dinero ilegal de Odebrecht ($ 1 000 000). Además, habría recibido millonarias sumas de empresarios a cambio de apoyo en el Congreso a ciertos sectores como el Grupo Gloria, el negocio de los casinos, entre otros.
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