Keiko Fujimori: Fuerza Popular pide anular cierre de investigación hecho por la Fiscalía

El partido Fuerza Popular, con acusación en contra y ante una posible orden de disolución y liquidación tras un juicio oral, ha solicitado al juez Víctor Zúñiga que se anule la decisión del fiscal José Domingo Pérez de la semana pasada que concluyó formalmente la investigación contra Keiko Fujimori y otros involucrados.

La República pudo conocer que este pedido fue dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que dirige Zúñiga, el último 12 de marzo, un día después de que Pérez presentara su acusación ante el mismo magistrado.

Según el documento de 15 páginas al que tuvo acceso este diario, el abogado Juan Alarcón Caycho (uno de los defensores del partido) estima que la decisión del Ministerio Público afecta los derechos al debido proceso, a la defensa y a la prueba.

Por otra parte, se señala también que faltaron diversas diligencias por cumplirse, como por ejemplo que la Fiscalía “omitió pronunciarse” sobre el ofrecimiento de 19 declaraciones de testigos protegidos, su pedido para que declaren los empresarios Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, Vito Rodríguez, entre otros.

“El fiscal no ha evaluado en absoluto los elementos de descargo, los ha programado simplemente por mera formalidad siendo que, en paralelo a la investigación, estuvo elaborando el requerimiento acusatorio (...)”.

Elio Riera, también parte del equipo legal del partido puntualizó para este diario: “Hemos interpuesto la correspondiente nulidad al Juzgado al considerar que se ha vulnerado el principio basico del debido proceso; en suma, el fiscal ha dejado actos de investigación aprobados por el mismo y que son de gran valor para la defensa en el marco del proceso de investigación. Forzar el cierre de la investigación es contrario a ley”.

Los acusados

No solo Keiko Fujimori podría enfrentar una pena de más de 30 años en la cárcel. También enfrentaría una misma sanción el “núcleo duro” de la presunta organización criminal: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, acorde a la acusación del fiscal Pérez.

Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del USD1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazon también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.

Para Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori y coprocesada por obstrucción a la justicia, se pidió 6 años y 6 meses de prisión. En cambio, contra Mark Vito, cónyuge de Fujimori, fue solicitada la pena 22 años y 8 meses de cárcel efectiva.

El resto de sanciones pedidas contra los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC), la Fiscalía optó por la disolucion y consecuente liquidación, como se solicitó anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.

Los delitos contemplados contra los 42 acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procesos administrativos.

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