Las víctimas del caso Esterilizaciones Forzadas exigieron al juez Rafael Martín Martínez que establezca de manera célere la hora y fecha para continuar con la audiencia que se lleva en contra del expresidente Alberto Fujimori y los exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta.
El lunes 11 de enero se suspendió la diligencia a solicitud de César Nakasaki, abogado del expresidente, y de la defensa de Costa y Yong, debido a que la sala no contaba con traductor de una variante del quechua para facilitar el mensaje a las víctimas que estaban presentes.
“¡Basta de impunidad! Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos”, reclamó Rute Zuñiga, presidenta de la Asociación de mujeres peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas (Ampaef).
A su turno, Inés Condori, presidenta de la Asociación de Víctimas de Chumbivilcas, consideró que el abogado del dictador estaba utilizando el derecho a la traducción de estas mujeres para dilatar la audiencia y pretendía “excluir a Fujimori del proceso penal”.
La audiencia el caso Esterilizaciones Forzadas ha sido aplazada por más de dos años, ya que fue fijada en un primer momento para diciembre del 2019, pero no se llegó a concretar. Luego se estableció para marzo, sin embargo, fue reprogramada por la pandemia del coronavirus.
Al exjefe de Estado Alberto Fujimori y sus ministros se les acusa por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos, luego de que esterilizaran sin su consentimiento a más de 300.000 mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Esto, como una medida de planificación familiar entre 1996 y 2000. Hace más de 20 años, las víctimas de este crimen piden justicia para ellas, y para las que fallecieron en el proceso.
Carlos Rivera
Al respecto, Carlos Rivera, abogado de las víctimas por el caso Esterilizaciones Forzadas, sostuvo que desde hace mucho tiempo se espera que el Poder Judicial pueda remitir una resolución que abra un proceso penal contra los responsables.
Asimismo, lamentó que “diversas circunstancias” hagan que el procedimiento se dilate, pues la audiencia primero estaba programada para diciembre del 2019. Luego, se postergó para marzo del 2020, pero se volvió a suspender por la llegada del coronavirus.
“Estamos perdiendo más de un año. Eso no es bueno porque estamos ante un proceso de investigaciones que ha demorado más de una década en el Ministerio Público. Por lo tanto, el tiempo está jugando en contra de las víctimas”, declaró el pasado lunes a La República.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional