
La Fiscalía anticorrupción solicitó nueve meses de prisión preventiva para el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, por presuntos hechos de corrupción en adquisiciones y servicios en medio de la emergencia sanitaria de la COVID-19, que le costó una detención preliminar.
El fiscal Robert Rojas elevó el requerimiento donde se detalla la medida coercitiva ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. En el documento, figura la primera autoridad regional, así como ocho funcionarios y la empresaria Ninel Romero Bartusiak.
El delito imputado es colusión agravada en agravio del Estado (Gobierno Regional de Áncash), y, según el magistrado, existen medios probatorios contundentes para que se cumpla la prisión preventiva.
En tanto, señaló a los medios de comunicación local que un funcionario fue exento de la investigación por falta de elemento. Mientras que la mujer de negocios y otro funcionario continúan como no habidos.
En vista de que el último sábado 5 de diciembre, la Sala de Apelaciones declaró infundado el pedido de revocación de detención preliminar, que venció hoy, 7 de diciembre, la audiencia de prisión preventiva fue programa para el martes 8, a las 9.00 a. m.





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