“El tema de presiones políticas, sociales, no está dentro de la lógica del Tribunal Constitucional (TC)", enfatizó la presidenta de la entidad, Marianella Ledesma, al reiterar el sentido de su voto en contra de la demanda sobre la prescripción de deudas tributarias.
Su posición fue la determinante para declarar infundado el recurso con el que se beneficiaba a 158 empresas nacionales y trasnacionales como Odebrecht, Graña y Montero, Latam Airlines, minas Buenaventura, Telefónica del Perú, Scotiabank, Interbank, entre otras; al extinguir la deuda de 9.256 millones de soles que tenían con el Estado.
En ese sentido, Ledesma reiteró que su posición no la tomó por la presión mediática, sino que la tuvo desde hace meses, la misma que anunció a su colega Ernesto Blume, quien fue el ponente del caso y proponía la extinción de las deudas.
“Ningún magistrado responde a criterios políticos u otros subalternos que se podría señalar. Este caso ya lo habíamos decidido, estudiado y lo reservamos para el debate público. Yo ya había redactado mi voto en contra hace varios meses. Nos preparamos con mucha reflexión. La decisión en los tribunales no se toma en un instante y por un tema mediático,”, declaró este miércoles para RPP.
Asimismo, la titular del máximo órgano constitucional defendió su postura anunciada en la audiencia pública del último martes, en la que respaldó el Decreto Legislativo 1421, el que fue demandado por el Colegio de Abogados de La Libertad.
“Lo que ha hecho el TC es afirmar esa regla jurídica que consagra la Constitución, la teoría de los hechos cumplidos. (...) No hemos creado nuevas reglas, no hemos modificado el Código Tributario, lo que se ha hecho es afirmar el criterio de vigencia temporal de la ley”, resaltó la magistrada.
Marianella Ledesma agradeció la predisposición de sus colegas al permitir que la audiencia fuera pública ante un caso emblemático como el referido, para que la ciudadanía sea partícipe de los hechos.
“Es un caso polémico, pero yo tengo que relevar esa predisposición de este pleno de no guardar reservas en casos tan importantes para la ciudadanía, es un buen ejercicio de democratizar”, mencionó.
Sobre la Comisión encargada de elegir a los nuevos magistrados del TC, la tribuna señaló que el proceso debe ser transparente y recogiendo la opinión de expertos. Esto en referencia a que el grupo de trabajo aprobó un anteproyecto sin consultar a especialistas.
“Cuando se trata de casos de implicancia publica de interés general siempre la deliberación y recoger la opiniones de expertos es saludable. (...) Escuchar opiniones y someternos a la crítica debería ser una práctica que debería fortalecerse y generalizarse en la administración publica”, remarcó Ledesma.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.