Antes del 28 de setiembre, el Congreso de la República debe aprobar la reforma de financiamiento de partidos políticos para que tenga vigencia desde las elecciones del 2021. El último jueves, las bancadas enviaron sus propuestas a último momento, lo que obligó a realizar un nuevo texto sustitutorio del dictamen que modifica el Título VI de la Ley de Organizaciones Políticas sobre este tema.
Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, explicó los cambios. Sobre la administración de fondos de los partidos políticos, dijo que son competencia de la tesorería, las organizaciones están obligadas a abrir cuentas en el sistema financiero y la ONPE tendrá acceso a ellas para ejercer su función supervisora.
Con respecto a las sanciones por infracción a las normas sobre financiamiento público directo, Chehade anunció que, a pedido de las bancadas de Podemos, UPP y Acción Popular, se elimina la cancelación de inscripción, pero se mantiene la suspensión de ellas mientras los partidos no levanten las observaciones.
Entérate en esta nota en qué consiste la propuesta para modificar la legislatura del financiamiento de los partidos políticos, qué modalidades existen y por qué se canceló la votación de la aprobación de la nueva ley en dos oportunidades.
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De acuerdo a la página web de la ONPE, el financiamiento público se refiere a los recursos que los partidos políticos o alianzas electorales obtienen del Estado para solventar sus actividades ordinarias y aquellas vinculadas a la formación, capacitación e investigación, así como las orientadas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas de Gobierno durante la época electoral y no electoral.
El objetivo de este apoyo monetario es fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y transparentar sus finanzas. Cabe resaltar que se clasifica en financiamiento público directo y financiamiento público indirecto, el cual se divide en franja electoral y espacio no electoral.
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En el Perú existe el financiamiento público, explicado con anterioridad, y el financiamiento privado de los partidos políticos. Este último, según explica la ONPE, es cuando las organizaciones pueden recibir recursos de la financiación privada, constituidas por las cuotas y aportes de sus afiliados, ingresos de sus actividades, rendimientos patrimoniales, créditos, todo con el propósito de utilizarlos en sus actividades de funcionamiento ordinario y de campaña durante los procesos electorales, de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Tanto el martes 15 de setiembre como el jueves 17, diversos parlamentarios de Acción Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú y Fuerza Popular hicieron cuestionamientos a la iniciativa. En específico, a la cancelación de la inscripción del partido que se plantea ante el incumplimiento reiterado de faltas graves por parte de la organización política y al acceso que proponen tenga la ONPE para acceder a sus cuentas bancarias.
Estas críticas hicieron que la votación del proyecto de ley se aplazará en ambos días mencionados. Cabe precisar que el Congreso solo tiene hasta el 28 de setiembre para aprobar la nueva ley de financiamientos para las elecciones de 2021.
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