El Ministerio Público inició una intervención en la sede de Perú Compras en San Isidro en el marco de las pesquisas preliminares por la presunta adquisición irregular de kits de pruebas rápidas y moleculares de la COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud.
La diligencia es dirigida por el fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, pudo conocer La República. Junto al magistrado, actúan también efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dicocor) de la PNP.
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El objeto de la intervención es recabar documentación relacionada con una serie de compras de kits con pruebas rápidas y moleculares para la detección de la COVID-19 en el Instituto Nacional de Salud, las cuales, al menos preliminarmente para la Fiscalía, habrían sido hechas de manera irregular.
La investigación que conduce el fiscal Abia, es preciso remarcar, se orienta a la búsqueda de elementos que prueben la responsabilidad de los funcionarios implicados en la adquisición de las pruebas de descarte de la enfermedad relacionada al coronavirus.
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A la fecha, pasados los primeros cien días del estado de emergencia nacional por la pandemia de coronavirus, el Ministerio Público informó tener la sospecha de que los casos de corrupción se incrementaron en 700% durante la cuarentena, en función de irregularidades denunciadas.
El balance de la situación fue reportado pocos días atrás por el fiscal superior Omar Tello, coordinador de los despachos Anticorrupción del Ministerio Público:
“A veces uno piensa que en tiempos de pandemia la solidaridad estará en los peruanos, pero, lamentablemente, la corrupción también se hace presente”, señaló el magistrado en declaraciones para RPP.
En dicha oportunidad —el pasado 24 de junio—, el fiscal Tello indicó que las 42 sedes Anticorrupción del Ministerio Público habían abierto ya 879 investigaciones por presuntos actos de corrupción en el marco de la gestión de la pandemia.
La mayoría de las pesquisas que la Fiscalía Anticorrupción abrió, sin embargo, se relaciones con presuntas irregularidades en la compra y reparto de canastas con productos de primera necesidad, según indicó el fiscal Tello.