Una de sus consecuencias más visibles fue el fallecimiento por suicidio de Alan García, el 17 de abril del 2019, quien así eludió una detención preliminar inminente sustentada en una posible recepción de coimas superiores a los US$14 millones por dicha obra durante su segundo gobierno.
No obstante, la investigación encabezada por el fiscal José Domingo Pérez aún tiene implicados que están prófugos de la justicia desde 2017 en la trama de sobornos en los que, presuntamente, participaron.
Santiago Chau Novoa, exmiembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, lleva más de dos años en la clandestinidad. El investigado recibió una orden de prisión preventiva en diciembre del 2017.
Chau Novoa es investigado desde hace algunos años, específicamente, por los delitos de lavado de activos, colusión, tráfico de influencias y cohecho.
La pista que lo implicó provino de la empresa Aeon Group, desde la cual recibió un promedio de US$400 mil. Aeon, además, fue una conocida offshore de Odebrecht, así como Klienfeld Services Ltd., otra empresa que sirvió para depositar dinero dirigido a Miguel Atala, testaferro de Alan García.
En octubre del 2018, por otra parte, el Poder Judicial le impuso a Magdalena Bravo Hinostroza 12 meses de prisión preventiva.
Ella fue integrante del Comité de Licitación en la que se habría beneficiado a Odebrecht y Graña y Montero como consorcio ganador para ejecutar la obra.
Hasta la fecha se desconoce el paradero de ambos. Sin embargo, en julio del 2019 el Equipo Especial Lava Jato allanó cuatro inmuebles vinculados a ambos, ubicados en los distritos de Surco y San Borja.
En el caso de Mariella Huerta Minaya, se conoce en cambio que se encuentra en Estados Unidos desde enero del 2017 y también afronta un proceso de extradición. Ella fue presidenta de la Comisión Especial de Licitación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima.
A Huerta se le investiga por haber recibido supuestamente coimas de Odebrecht, constructora que integró el Consorcio Tren Eléctrico y que finalmente salió ganador de la buena pro.
Tiene una orden de prisión preventiva en su contra por 18 meses desde el 4 de febrero de 2017 y está con orden de captura a nivel nacional e internacional.
Tanto Santiago Chau, así como Mariella Huerta fueron acusados formalmente por el fiscal José Domingo Pérez, quien pidió para ellos una pena de prisión de 25 años y 10 meses para ellos.
La revisión de esta acusación está paralizada desde noviembre del 2019 aproximadamente por las recusaciones que intentaron apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Metro de Lima.