
“Yo no quiero adelantar opinión”. “Hay que evaluarlo”. Estas fueron las respuestas del presidente Martín Vizcarra ayer, al ser consultado por un sector de la prensa sobre la posibilidad de implementar la pena de muerte contra la violadores.
La falta de claridad en su discurso y, sobre todo, la ausencia de una postura clara contra dicha medida, generó críticas inmediatas desde distintas voces.
Rocío Silva Santisteban, parlamentaria por el Frente Amplio, consideró un error que el presidente no sea tajante en rechazar la pena de muerte.
Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, apuntó que la pena de muerte no soluciona nada. “Quienes denuncian violencia sexual no acceden a justicia porque las denuncias ante la PNP son casi imposibles”, enfatizó.
El constitucionalista Luciano López advirtió que la medida no es eficaz y más bien urge soluciones de políticas públicas. Alberto de Belaunde, del Partido Morado, advirtió que el Gobierno iría contra los compromisos internacionales.

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