El Poder Judicial reprogramó este viernes la audiencia de pedido de prisión preventiva que el Ministerio Público requirió en contra del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en el marco del caso Odebrecht.
La decisión fue tomada por el juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz, una hora después de que iniciara la audiencia y a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien lleva la investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el Equipo Especial para el caso Lava Jato.
Sepúlveda, como se sabe, fue socio fundador de la firma Westfield Capital, de propiedad del expresidente Kuczynski. Esta empresa, de acuerdo a información vinculada al caso Lava Jato, hizo asesorías a la empresa brasileña Odebrecht en los proyectos IIRSA Sur y Olmos, cuando Kuczynski se desempeñaba como funcionario público en el Ejecutivo, frente a las carteras de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez informó al juez Chávez Tamariz que entre el jueves último y este viernes, presentó nuevos elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva contra Sepúlveda, en un archivo de más de 160 páginas.
A su vez, el abogado del empresario chileno, Percy García, también presentó nueva documentación en 33 escritos.
Debido a esta circunstancia, el fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato solicitó al magistrado que se reprograme la audiencia debido a la cantidad de nuevos documentos presentado, a fin, según indicó Pérez, de “no provocar la indefensión” de Sepúlveda.
En virtud del pedido, el juez Chávez Tamariz volvió a citar a las partes para el próximo martes 28 de enero a las 9:30 de la mañana, fecha en que también el juez Víctor Zúñiga emitirá su resolución sobre el pedido de prisión preventiva que interpuso la Fiscalía contra Keiko Fujimori.
Por este motivo, el fiscal Pérez pidió que se le otorgue una constancia para justificar su ausencia en la diligencia del caso de la lideresa de Fuerza Popular.
La tesis que el fiscal Pérez maneja en el caso de Westfield Capital es que la firma fundada por Kuczynski y Sepúlveda fue utilizada como parte de un esquema de lavado de activos, en el cual participó también la empresa Dorado Asset Ltd., una offshore creada en Islas Vírgenes Británicas en el 2004.