Servidor público, bien público

Con tantos policías que no admiten denuncias de niñas violadas o desaparecidas, o integran bandas criminales, o altos funcionarios a favor de intereses corruptos, tendemos a percibir al Estado como indiferente e infractor. Un antídoto contra esa mirada es tomar nota de los servidores públicos que protegen el bien común.

El Sindicato de la Defensoría del Pueblo alertó sobre el “distanciamiento” de Walter Gutiérrez “de las funciones constitucionales encomendadas”, en especial en la selección de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En octubre, el gremio discrepó con el defensor y dijo que la disolución del Congreso estaba “dentro del marco constitucional”.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la presidenta del TC, Marianella Ledesma, pidieron a la Comisión Especial que seleccionó a la JNJ difunda los votos de cada miembro, pero ello aún no ocurre pese a la revelación de conversaciones de César Hinostroza con José Luis Lecaros, Gutiérrez, Marco Falconí y María Zavala.

El fiscal provincial José Domingo Pérez suele repetir: “soy el representante de la sociedad agraviada”. El fiscal William Rabanal cumplió ese rol al lograr la prisión de decenas de sicarios en La Libertad, una historia que reconstruye Omar Forero en el gran filme Casos complejos.

Esta semana ha muerto una médica serumista y desapareció un abogado de defensa pública en Madre de Dios cuando desafiaban la crecida de un río en el camino a sus trabajos. Es fácil discernir entre servidores y los que se sirven.