No aprendieron

El proceso electoral para un nuevo Congreso era la oportunidad para que los partidos corrijan los errores y le presenten a los peruanos una oferta ética y superior, que reivindique la política como actividad transformadora y atienda en parte las causas del malestar de los ciudadanos frente a la política y los políticos.

Así no ha sido. La mayoría de los 22 grupos que presentan listas de candidatos para el 26 de enero no aprendieron la lección e insisten en una oferta electoral viciada por la presencia de postulantes impresentables, de acuerdo a la indagación realizada por La República.

Un grupo de candidatos fueron sentenciados por algún delito. La mayoría de quienes están en esa situación han incluido este dato en la hoja de vida del JNE, aunque de su revisión se encuentran personas cuya presencia no es recomendable en un Parlamento. Es cierto que la ley no impide la postulación de sentenciados, ateniéndose además al principio resocializador de la pena, pero los partidos no pueden incluir en su oferta a condenados por estafa, alimentos o corrupción. En Lima, por ejemplo, se tienen 32 candidatos sentenciados, y en La Libertad 12 de más de un centenar de candidatos, entre los cuales uno por homicidio. La misma cantidad exhibe un solo partido, el Apra, a nivel nacional.

Otro grupo lo forman los procesados sin sentencia, una cantidad apreciable de los cuales no han consignado este dato en su hoja de vida. En varios casos, los líderes de los partidos dicen haber sido engañados, lo cual patentiza el pobre proceso de reclutamiento de afiliados y candidatos. En algún caso se insiste en presentar a indeseables como es el sentenciado por proxeneta que con Fuerza Popular intenta retornar al Congreso por otro distrito electoral.

Las elecciones como competencia política se manchan con esta presencia y provoca la desilusión en los afiliados, especialmente porque en casi todos los casos la inclusión se relaciona con el dinero, es decir, con la alta capacidad del candidato cuestionado. En los distritos electorales provoca un escenario donde interesan muy poco las propuestas, porque en política es importante el mensaje como el mensajero. En Cusco, por ejemplo, de 115 candidatos, once tienen procesos judiciales por delitos contra la administración pública, mayoritariamente por corrupción.

El primer consenso para el 26 de enero quizás debería ser que no sean elegidos los candidatos indeseables. Lo que no pudieron o no quisieron hacer los partidos, que lo hagan los ciudadanos con sus votos.