Odebrecht: PJ dejó al voto pedido para excluir a empresa de PPK del caso

La Sala de Apelaciones Anticorrupción informará en los siguientes días su decisión tras evaluar el pedido de la defensa de la empresa Dorado Asset Management Ltd. para ser excluida del caso por lavado de activos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la persona jurídica habría recibido dinero ilegal de Odebrecht mediante otra empresa de propiedad de PPK: Westfield Capital.

Como se recuerda, el pasado 16 de setiembre el juez Jorge Chávez Tamariz aprobó que se incorpore la empresa a la investigación preparatoria. El abogado de la empresa, César Nakazaki, expresó así esta mañana en audiencia que no existía un “peligro objetivo” claro para que continúe en el caso.

Ello debido a que la empresa fue disuelta en 2015, según aseguró el letrado en la sesión ante los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha, Víctor Enríquez Sumerinde y Marco Angulo Morales.

No obstante, el fiscal adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Oliver Chávez, aclaró que la última operación que realizó la empresa no fue en 2015, sino en enero del 2019. Es decir, que Dorado Asset sigue existiendo oficialmente.

Ello ocurrió cuando la coinvestigada Gloria Kisic Wagner transfirió la única acción que tenía de la empresa (0,01%) a la hija de PPK, Suzanne Kuczynski.

Operaciones sospechosas

Dorado Asset Management Ltd. fue constituida en julio del 2004 en Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. Al año siguiente adquirió una casa de campo de Cieneguilla y en 2006, por US$695 mil el inmueble ubicado en San Isidro, en la calle Choquehuanca.

Ambos, según Nakazaki, fueron adquiridos para proteger el patrimonio familiar de Kuczynski. Pero el hecho de que hayan sido compradas por una empresa liderad por PPK, hace la operación sospechosa, pues la Fiscalía parte de que se estaría ocultando y transformando con ello el presunto dinero ilegal obtenido por las asesorías hechas a Odebrecht.

En la resolución de primera instancia, el magistrado Chávez Tamariz describió estas transferencias así como compras de “triangulación”.

Cabe precisar que ambos predios se encuentran en poder del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) desde que el 23 de setiembre se aprobara con una orden judicial su incautación.

Como se trata de una medida cautelar, los inmuebles, sin embargo, siguen estando en propiedad de la empresa Dorado Asset. La Sala de Apelaciones dictará en el plazo de ley si continúa o no incluida en el caso dicha persona jurídica.