Crisis financiera de Odebrecht amenaza la colaboración eficaz
Cuestión de dinero. El procurador Jorge Ramírez, luego de verificar que la falta de liquidez impedía a la constructora brasileña pagar los gastos necesarios para obtener información de los sistemas informáticos encriptados My Web Day y Drousys, solicitó a la jueza del caso devolver S/ 524 millones de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Según el acuerdo con la empresa, el dinero no lo puede usar para su propio beneficio.
La compañía Odebrecht enfrenta problemas económicos para solventar gastos logísticos necesarios para obtener y entregar información, que sirve de respaldo documental a las declaraciones de los exfuncionarios y exdirectivos de la constructora ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, señalaron fuentes con conocimiento del caso en esta ciudad brasileña.
En el primer día del interrogatorio, el último 2 de octubre, el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata expresó que respondería sobre temas que conocía y de los que contaba con evidencia documental. Pero adelantó que hubiera querido proporcionar más información, pero estaba limitado porque Odebrecht no había cumplido con pagos a los proveedores de asistencia tecnológica.
Barata también explicó que no se trataba solo de recordar “codinomes” y nombres y apellidos, sino de documentar los hechos, por lo que Odebrecht lo apoyaba con la contratación de un equipo de expertos que lo acompañaba en algunas diligencias. Esta vez no fue así porque no había recursos para llevar a Curitiba dichas personas.
Según el acuerdo de colaboración con las autoridades peruanas, la constructora Odebrecht debe cubrir los costos para la obtención de información sobre los casos de corrupción en el Perú, como el financiamiento de los especialistas informáticos encargados de extraer la data de los sistemas My Web Day y Drousys, en los que están guardados de forma encriptada los datos sobre las personas que recibieron coimas.
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“Odebrecht afronta una gravísima situación de liquidez financiera, lo que le impide cumplir con el requerimiento de información. Esto explica la presencia del procurador ad hoc del caso, Jorge Ramírez, en Curitiba, para que constante que es necesario cumplir con los acuerdos por parte del Perú”, indicaron las fuentes.
Justamente, luego del interrogatorio a Jorge Barata, quien reveló la identidad de por lo menos 17 personas que recibieron sobornos y se ocultaban bajo los “codinomes” (seudónimos) que les atribuyó Odebrecht, el procurador Ramírez manifestó que estaba de acuerdo en la devolución de 524 millones de soles a la constructora.
Ramírez precisó que como parte del acuerdo, la constructora está obligada a pagar sus deudas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la primera cuota de la reparación civil y otros gastos relacionados con la entrega de información a las autoridades peruanas.
Pero el procurador destacó que la decisión dependía de la jueza María Álvarez Camacho, con relación a la devolución del dinero que obtuvo Odebrecht al vender la hidroeléctrica Chaglla a una corporación china.
“Odebrecht reclama que no existe una ejecución plena del acuerdo de la colaboración eficaz que la Procuraduría Pública negoció y firmó, por eso el procurador Ramírez ha asistido a Curitiba para dejar en claro que se compromete a que se cumpla con lo acordado”, indicaron las fuentes.
Ante las críticas según las cuales la devolución del dinero a Odebrecht sería adversa a la lucha contra la corrupción, fuentes del Equipo Especial Lava Jato desmintieron las afirmaciones porque existe un acuerdo vigente que impide que la constructora lucre con dicho fondo y más bien lo destine una parte del mismo al pago de servicios logísticos que le permitan entregar más información sobre casos de corrupción en el Perú.
“Prevalecerá el principio de autoridad”
Para que Odebrecht no use como pretexto la falta de liquidez para no entregar la información comprometida, el Equipo Especial ha tomado medidas, según fuentes. Indicaron que “existe una campaña demoledora de sectores políticos y empresariales, y medios relacionados con estos, que buscan destruir el acuerdo de colaboración eficaz... Se hará prevalecer el principio de autoridad, pero tampoco seremos recalcitrantes ante argumentos fundamentados, como los problemas de liquidez”.
