Por: Liubomir Fernández
El gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, sabía lo que se le venía. Por eso optó por la clandestinidad desde la semana pasada cuando un juez le dictó prisión preventiva de 15 días. Con esa medida restrictiva se pretendía que escuche la sentencia dictada ayer por un juzgado penal.
Sin Aduviri, dicho despacho condenó al gobernador altiplánico a seis años de prisión efectiva y a pagar una reparación civil de dos millones de soles. El juzgado lo conforman las magistradas Shirlay Flores Menéndez, Kety Neyra Calderón y Jackeline Luza Cáceres.
El fallo fue unánime. Las tres lo hallaron culpable del delito de disturbios, coautor no ejecutivo de los actos violentos ocurridos en 2011 durante el Aimarazo. Este conflicto lo protagonizaron las comunidades aimaras dirigidas por Aduviri para rechazar las concesiones mineras. La protesta se caracterizó por toma de carreteras y movilizaciones en la ciudad de Puno. Las manifestaciones llegaron a su punto más crítico el 26 de mayo: decenas de aimaras quemaron y saquearon distintas instituciones públicas y privadas de Puno.
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La jueza Jackeline Luza Cáceres explicó que el fallo no necesariamente coincide con la acusación del fiscal Juan Monzón. Este acusó a Aduviri de coautor de los actos violentos. Según el fallo, el ahora gobernador es coautor no ejecutivo de esos hechos. Apelaron a esta figura jurídica porque en el desarrollo del juicio se advirtió que el ahora gobernador de Puno habría realizado acciones de planeamiento, dirección y coordinación para la materialización de los hechos de violencia.
Joseph Trujillo Choquehuanca, abogado de Aduviri, calificó de excesiva la interpretación de las juezas.
Alegó que no podría condenarse a Aduviri como coautor no ejecutivo cuando no se determinó al autor de los hechos. Recordó que en el primer proceso por el Aimarazo, anulado por la Suprema, se exculpó a todos los procesados con los mismos argumentos que ahora sentenciaron a su patrocinado. También indicó que no había prueba en contra de Aduviri pese a que su protagonismo fue similar al de los absueltos.
Advirtió que apelarán la sentencia una vez notificada.
La audiencia comenzó a las 10:00 horas. El colegiado ordenó que lo representara un abogado de oficio. Desde el 08 de agosto pasado, el gobernador huyó encargando sus funciones a su vicegobernador. Horas después de esa fecha, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Puno, Youl Riveros Salazar, declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva contra Aduviri Calisaya, por un plazo de quince días.
El fiscal Juan Monzón Mamani solicitó la revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión efectiva por incumplimiento de reglas de conducta. En este proceso, Aduviri estaba obligado a no ausentarse de la región y acudir mensualmente a registrar su huella digital en el libro de comparecencia. Sin embargo, se acreditó que salió fuera del país y la región Puno sin autorización judicial. Ello se dio en 2018 y 2019.
El juez Youl Riveros declaró fundado el pedido del Ministerio Público, precisamente para que esté presente en la lectura de la sentencia.
Emitida la sentencia, las magistradas ordenaron su captura a nivel nacional para que cumpla la sentencia, aun cuando sea apelada en la instancia superior.
El fallo condenatorio se dictó mientras en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno, decenas de aimaras protestaban en apoyo de Aduviri.
Llegaron de distintas comunidades de la zona sur y norte de la región. Ahí estuvieron varios dirigentes que acompañaron a Aduviri en las protestas de 2011. Patricio Illacutipa aseguró que la sentencia refleja la criminalización de las protestas para encarcelar a quienes defienden el medio ambiente frente a los grandes proyectos mineros. Amenazó con un segundo Aimarazo.
Nilda Suca Apaza, esposa de Aduviri, acudió a la audiencia. Abandonó la audiencia antes de que culmine. Solo escuchó la parte resolutiva y se retiró raudamente. En diálogo con los medios de comunicación, aseguró que su esposo fue sentenciado injustamente. Indicó que detrás están intereses económicos que no perdonan que Aduviri haya encabezado las protestas para evitar la contaminación de ríos de la zona sur de Puno. Dijo que la justicia en el país se maneja al interés de los poderes de turno. Pidió recordar el caso de Los Cuellos Blancos.
Ricardo Aduviri Calisaya, hermano del gobernador, aseguró que su hermano es víctima de las grandes mineras. Dijo que las jueces fallaron solo para no dar explicaciones a sus superiores y mantenerse en su puesto.
“Las juezas se han lucido con este caso, pero de ninguna manera han hecho justicia. Lo condenable es que actuaron por cumplir. Justicia es acreditar responsabilidad y eso no ha sucedido”, aseguró.
No es la primera vez que sentencian a Walter Aduviri y escapa de la acción de la justicia. En julio de 2017 también lo condenaron a siete años por el mismo caso. Esa vez el juzgado penal colegiado lo encontró responsable de autoría mediata en el delito de disturbios, le impusieron el pago de dos millones de soles por reparación civil.
El fallo fue apelado a la Sala Penal de Puno que confirmó la sentencia. Mientras tanto, Aduviri se mantuvo prófugo hasta el 5 de octubre de 2018. Ese día la Corte Suprema anuló el fallo en su contra y ordenó un nuevo juicio. La anulación se produjo en vísperas de las elecciones regionales. El dirigente aimara postulaba al Gobierno Regional de Puno. Hizo campaña desde la clandestinidad y ganó abrumadoramente sin necesidad de ir a segunda vuelta.
En anteriores oportunidades, La República habló con Walter Aduviri sobre este último juicio. Ya había advertido que no se presentaría a la justicia porque consideraba que no había cometido ningún delito. Dijo que detrás del proceso había una búsqueda de venganza del sistema neoliberal que no acepta el derecho a la protesta de los pueblos originarios. Advirtió que hasta el final pelearía por la dignidad de su libertad. “Si habría cometido un delito, acepto. Pero ese no es mi caso. A Túpac Amaru lo descuartizaron por rebelarse contra los españoles. A mí me quieren preso por luchar con mi pueblo contra las mineras y el modelo neoliberal extractivista”. ❖
Walter Aduviri, la semana pasada, anticipándose a la decisión del juez Youl Riveros, quien lo envió al penal por un periodo preventivo de 15 días, pidió permiso por el mismo periodo de tiempo. Encargó la presidencia al vicegobernador Agustín Luque.
Este evitó pronunciarse, pero dijo que solo asumiría la encargatura delegada hasta que se pronuncien los consejeros. El permiso solicitado por Aduviri aún no fue sometido a debate en el Consejo Regional de Puno.
Cuando se dé el debate, será por partida doble, porque el Poder Judicial ya notificó formalmente la prisión. El consejero por Puno, Jorge Zúñiga, señaló que, frente a las circunstancias, a Aduviri solo le correspondería ser suspendido en el cargo hasta por 120 días. Empero, señaló que el pronunciamiento solo sería por el permiso solicitado, ya que la prisión aún no está confirmada por la Sala Penal, para que encaje dentro la figura de “mandato firme de detención".
Julio Medina Castro - Alcalde de Tacna
“Yo también lideré el Frente Patriótico de Tacna. El pueblo tiene derecho a rechazar, me parece mal que se encarcelen a los que salen a protestar. Es una medida de represión, es una manera de callar".
Hugo Quinto - Excandidato Reg. por Puno
"Puno pierde con esta situación. Para las próximas elecciones tenemos que meditar nuestro voto. No tiene que ser sentimental, votar por candidatos sin juicios. Eso a la larga trae consecuencias”.
Juan Tonconi - Gobernador de Tacna
“Los conflictos sociales no son iniciados por el pueblo. El Aimarazo se realizó en defensa legítima. Lo lideró Aduviri y por eso lo condenan. Vamos a sacar un pronunciamiento de respaldo”.
Elmer Cáceres Llica - Gobernador de Arequipa
“Lo que está pasando es que se ha empezado a criminalizar las protestas y también a los que lideran la lucha de los pueblos. Hay una persecución política contra Aduviri, por eso vamos a respaldarlo”.