En medio de las pesquisas por los vínculos del caso Odebrecht con el proyecto de irrigación Olmos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque evalúa cursar un pedido de asistencia judicial a la Procuraduría General de Brasil, con el propósito de conseguir colaboraciones que le permitan esclarecer las presuntas irregularidades en torno al otorgamiento de la buena pro al consorcio H2Olmos.
Fuentes de La República confirmaron que la fiscal anticorrupción Magaly Quiroz Caballero estaría evaluando solicitar la cooperación judicial con Brasil para contrastar información sobre el proceso de selección y buena pro que se le adjudicó al consorcio H2Olmos con el testimonio de funcionarios de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir, la oficina de donde habría salido el pago de 126,315.79 dólares a favor de una persona con seudónimo “Charlie”.
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Si bien los hechos de la carpeta fiscal n.º 32-2019 estuvieron enmarcados en un inicio por la entrega del componente de irrigación al consorcio de Odebrecht, recientemente se descubrió dos pagos en las planillas de la “división de sobornos” de la empresa brasileña: el primero con fecha 12 de marzo del 2014 por 73,684.21 dólares y el segundo, el 11 de abril del 2014, por 52,631.58 dólares.
De acuerdo a los cuadros filtrados desde la plataforma Drousys, el dinero se giró a la persona de nombre “Charlie”, donde aparece también por primera vez el nombre del consorcio H2Olmos.
Los informantes señalaron que el requerimiento de solicitud de cooperación judicial internacional con Brasil será canalizado mediante la División de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Posteriormente, este pedido será enviado a los fiscales de la Procuraduría General de Brasil, quienes programarán la declaración de funcionarios que decidieron someterse a la delación premiada a cambio de mejorar sus condenas por corrupción. Uno de los que respondería por la presunta entrega de dinero en el proyecto Olmos sería el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
Cabe precisar que el pedido de asistencia judicial estaría destinado a la obtención de pruebas, que pueden ser documentos o también terabytes de información contenidos en sistemas informáticos bancarios, como de la compañía peruana Construmaq S.A.C., desde donde se habría girado el dinero a la persona llamada “Charlie”. En el primer caso, la fiscal Magaly Quiroz esperaría que la Procuraduría de Brasil entregue los sistemas informáticos My Web Day y Drousys, que usó Odebrecht para registrar los pagos ilícitos.
Por este caso, se citó al ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta y al ex gerente general Francisco Gayoso Zevallos, los días 18 y 19 de julio, por presuntas irregularidades en la firma de dos adendas con el consorcio H2Olmos.