Aestas alturas los candidatos están en la búsqueda de dinero. Sin embargo, como van las cosas, desafección de la política, partidos extremadamente débiles, incursión de aventureros, peligrosa intromisión de mafias, nada nos conduce a pensar que la representación política va a mejorar el próximo año, por el solo hecho de que todos estamos en peligro. Hay que enfrentar las cosas de manera clara. El parlamento ya ha agotado los tímidos intentos de hacer las reformas sustantivas. Si bien es cierto la sola modificación de la ley no cambia la realidad, es preferible hacerle ajustes a dejarla como está, pues los vacíos e incongruencias han sido utilizados para pervertir más la política. Toda campaña electoral necesita dinero y mucho. En el 2011, todos los partidos gastaron, según reportaron, que con seguridad es menos de lo que gastaron, S/. 73’ 458,022. Un cálculo conservador podría señalar que se puede elevar a ochenta millones de soles. La pregunta salta a la vista. Si no hay financiamiento público, pese a que la ley lo señala, la única manera que los candidatos se provean de recursos es a través de aportaciones privadas en dinero y especie. Pero la ley señala topes. Nadie, persona natural o jurídica, puede aportar más de 60 UIT, es decir, 231 mil soles. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente para proponer ajustes. Los partidos políticos carecen de dinero y recursos. Son organizaciones débilmente constituidas e informales por lo que no son realmente las receptoras y centralizadoras del dinero en campaña. En los hechos, el candidato presidencial constituye su equipo de campaña, donde salvo excepciones están dirigentes del partido y maneja su economía de manera independiente del tesorero. No se preocupa ni se inmiscuye en el financiamiento de las listas al Congreso. A su vez, estas tampoco coordinan ni se relacionan con la tesorería del partido, figura que por ley, tiene la exclusiva responsabilidad del tema del dinero del partido. Peor aún, al existir voto preferencial, cada candidato es librado a su suerte, informando poco sobre el origen de sus ingresos. De esta manera el tesorero del partido, por más que quisiera hacer bien su labor, entrega a la ONPE informes incompletos, así formalmente cuadren las cuentas. Finalmente las faltas y violaciones a la norma se materializan en sanciones económicas, que el organismo electoral ni siquiera puede cobrar porque no tiene facultades coercitivas, como ha ocurrido con los casos de Perú Posible y Alianza para el Progreso. En este escenario, los partidos son vulnerables y dependientes ante quienes ostentan los recursos materiales y dinero, de los legales y formales como de los ilegales y con origen delictivo. En el corto plazo lo único que se puede hacer es dejar sin efecto la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos que deja al libre albedrío del MEF la decisión de entregar el dinero a los partidos, duplicando los fondos en año de elecciones, de la forma que ya establece la ley. Duplicar el tiempo de la franja electoral, pero prohibiendo la contratación de espacios fuera de este mecanismo, como ocurre en Chile, México y Brasil. Mantener el tope de aportaciones de personas naturales de 60 UIT, pero elevar el tope para aportaciones privadas de personas jurídicas, a por lo menos 500 UIT, dirigidas al Fondo Electoral “Empresa y democracia”, propuesto por la ONPE, pero que no sea deducible de impuesto a la renta. Esto se debe completar, con la eliminación del voto preferencial, ajustar las sanciones económicas y políticas (por ejemplo, dejar sin efecto de inscripción del partido) contra los partidos, así como otorgar capacidad sancionadora efectiva a la ONPE. Si este paquete de urgencia se aprueba, algo mejorará y a cruzar los dedos.
