Un mecanismo democrático para salvar la reforma política.,El presidente Martín Vizcarra ha realizado una severa crítica al Congreso por su falta de voluntad para aprobar la reforma política y su protección al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, cuyas denuncias fueron archivadas en ese poder del Estado a pesar de las evidencias concluyentes en su contra. Para cautelar ambos ejes de la gobernabilidad del país –reforma y anticorrupción-, el premier Salvador del Solar ha planteado al Parlamento una Cuestión de Confianza (CdC) que se debería reflejar en la aprobación de un grupo de proyectos de ley del paquete presentado en abril por el Ejecutivo al Congreso, acotando que, de no aprobarse hasta el fin de la actual legislatura, el Gobierno valorará que la confianza ha sido rehusada. La CdC es un mecanismo constitucional y democrático, y una prerrogativa del Ejecutivo que integra el equilibrio de poderes junto a otras medidas como la interpelación, censura, investigación, observación de leyes, insistencia de leyes, entre otras. En ese sentido, ha hecho bien el presidente del Congreso en allanar el proceso y convocar al pleno del Legislativo, como sucedió en las otras dos presentaciones de CdC, en setiembre del 2017 y setiembre de 2018. En ambos casos la CdC fue aceptada y debatida. Por otro lado, un grupo de especialistas sostiene con argumentos ausentes de sentido común, ya no jurídicos, que desaprobada la CdC no podría ser disuelto el Congreso porque sería la primera negación de confianza, ignorando que el periodo que ejerce el presidente Vizcarra culmina el año 2021. Lo cierto es que no existen a la vista argumentos serios ni contra la presentación de la CdC ni contra la posibilidad de disolución constitucional del Congreso, de modo que, al debatirse la CdC, se tienen dos opciones legales. Su aprobación debería significar el compromiso del Congreso de avanzar en la reforma a través de decisiones oportunas que permitan que los cambios se implementen en las elecciones del año 2021. Si se desea diálogo, este es el espacio y el momento de realizarlo. La otra opción, el voto contra la confianza daría lugar a una disolución democrática y constitucional del Congreso para que, al convocarse elecciones parlamentarias, se instale uno nuevo. Esta salida no sería dramática o traumática, sin posibilidades de acuerdo, y haciéndose evidente el bloqueo de la reforma, y para salvarla el Congreso se renovaría para dotarse de una nueva representación avalada por los votos que cumpla las tareas que este Parlamento se ha negado a desempeñar.
