Es aleccionador escuchar a la parlamentaria Alejandra Aramayo reconocer que ellos, en completo aislamiento, blindaron al corrupto juez César Hinostroza.,La popularidad del presidente Martín Vizcarra vuelve a subir por tercer mes consecutivo. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Vizcarra es aprobado por el 60% de los peruanos, mientras que su desaprobación se reduce al 30%. Es considerado un demócrata por el 69%, un 49% cree que tiene un plan claro para el desarrollo del país y un 51% cree que bajo su gobierno el país volverá a crecer económicamente. Mientras tanto, el fujimorismo está tocando el fondo de la crisis partidaria que su política corrupta, miope y prepotente fue gestando durante estos dos años. Las nuevas revelaciones del chat La Botica han terminado de hundir, si acaso esto fuera posible, lo que le quedaba de credibilidad. Es aleccionador escuchar a la parlamentaria Alejandra Aramayo reconocer que ellos, en completo aislamiento, blindaron al corrupto juez César Hinostroza, ver las maniobras realizadas para blindar a Héctor Becerril y al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry y leer los calificativos que brindan a distintas entidades, como una excelente ilustración del nivel de la gente que el fujimorismo ha puesto en el Parlamento: que el Ejecutivo se vaya al carajo, dice Héctor Becerril, los periodistas de La República “son una mierda” y son unos “hijos de puta”, dictamina Leyla Chihuán (“A ver si lo van a publicar”, añade triunfante), lo que se añade a los calificativos de “traidor” y “malnacido” que Milagros Salazar endilgó en otro chat al presidente Vizcarra. La obstrucción de la justicia es una causal fundamental para dictaminar detención preventiva, lo que va a pesar que la decisión que en unos días deberá asumir el juez Concepción Carhuancho. La ausencia de protección de la cúpula a sus militantes, que denunció el congresista Reátegui para justificar su decisión de acogerse a la cooperación eficaz, debe diezmar en los próximos días las filas de la bancada naranja, y el desbande será mayor si se dicta orden de prisión contra Keiko, debido al valor simbólico de una medida así: si la justicia puede poner a la líder máxima, que hasta hace unas semanas atrás podía alardear de ser la persona más poderosa del país, en prisión, cualquier subalterno puede terminar en la cárcel. Una eventual ruptura abierta en el Congreso dejaría al fujimorismo sin mayoría parlamentaria, con lo que perderían la última línea de defensa para bloquear la acción de la justicia. Todo apunta pues a la profundización de la crisis del fujimorismo, no a su superación. Ante este panorama, en las filas fujimoristas impera el negacionismo. Este alcanza extremos delirantes en Víctor Andrés Ponce, que se ha creado un mundo paralelo en el cual Keiko Fujimori es una estadista, el fiscal Chávarry encarna la justicia y los fujimoristas son políticos honrados, perseguidos por los corruptos caviares. Es interesante la distorsión de la realidad producida por la mirada binaria con que se han acostumbrado a ver la realidad: conocidos troles hacen circular por las redes sociales la última creación de sus publicistas: que Martín Vizcarra es el nuevo Hitler y los fujimoristas son los judíos perseguidos, víctimas del nuevo Holocausto. Como suele suceder con las miradas en blanco y negro, la palabra “caviar”, utilizada indistintamente para calificar a cualquiera no fujimorista, a costa de pretender abarcarlo todo, ha terminado no significando nada. En unos días el juez Concepción Carhuancho deberá decidir si dicta los 36 meses de prisión preventiva pedidos por el fiscal José Domingo Pérez para Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular. A favor juegan macizas evidencias de la intervención de los acusados para obstaculizar, desviar y bloquear la acción de la justicia. Por otra parte, la detención preventiva favorece el avance de las investigaciones, al propiciar las deserciones en las organizaciones criminales, estimulando que personas, enfrentadas a la alternativa de ir a prisión por sus faltas y por las de otros, decidan optar por la colaboración eficaz, negociando su porvenir jurídico legal a cambio de información relevante para desarticular las estructuras criminales. La entrega del celular del parlamentario fujimorista Rolando Reátegui a la fiscalía, por ejemplo, ha permitido disponer de los chat de La Botica que van a ser una pieza de evidencia fundamental cuando este caso vaya a juicio. En el despliegue de las crisis llega un momento en que la pérdida de credibilidad de los comprometidos es tan grande que es ya indiferente lo que hagan: está mal si hacen una cosa y está mal si hacen la contraria. Por eso resulta patética la comparsa aprista, tratando de bloquear la acción de la justicia desde el Parlamento.
