No creo que nos encontremos ante una crisis de los conocimientos de la tecnocracia sino de sus posibilidades decisorias.,A los gerentes públicos peruanos Participé recientemente en el Congreso Nacional de Gerencia Pública 2018, organizado por Servir. Me pidieron que exponga sobre la dirección pública en entornos políticamente complejos, una alusión al impacto de la inestabilidad en el funcionamiento del Estado, un tópico que preocupa a los tres niveles de la gestión del Estado. El Estado poco activo es un fenómeno creciente del que deberíamos tomar nota; las sucesivas crisis de la que está compuesto el ciclo democrático iniciado el año 2000, especialmente las que ocurren desde el año 2011, cambiaron las prioridades públicas, restringieron la operatividad del Estado y su eficiencia, y modificaron el papel de la tecnocracia moderna como grupo de alta especialización seleccionado para tomar decisiones públicas. El peso político de la tecnocracia ha disminuido. Si en el período 1990-2000 fueron los años prodigiosos, que los tuvo como socios políticos de las reformas, el siguiente periodo, el de los años felices 2000-2011, los tuvo como asociados a un régimen donde mantenían el poder político, pero ya para oponerse y alertar sobre desatinos, errores y el riesgo de los proyectos populistas, en un escenario donde escaseaban las reformas. Los dos siguientes períodos fueron de franco retroceso: los años tristes 2011-2016, donde la asociación de la tecnocracia al poder fue en un contexto inestable; y la etapa actual, iniciada el año 2016, donde la subordinación a la élite política se registra en medio de sucesivos microciclos de inestabilidad, más cortos y menos predecibles. Ahora es más difícil ser tecnócrata; del autoritarismo y ajuste económico de los años noventa se pasó a un tupido consenso alrededor del crecimiento en la década pasada, para terminar en una falta de consenso sobre el “nuevo” crecimiento a bajos índices. Gestionar un Estado donde la política y la economía se condicionan negativamente, y cuando las prioridades de la reactivación y ejecución de la inversión pública colisionan con la corrupción y la aparición de indicadores sociales a la baja, demanda un nuevo compromiso político tecnocrático. No creo que nos encontremos ante una crisis de los conocimientos de la tecnocracia sino de sus posibilidades decisorias. No es la hora de pedir más gestión pública y menos política, sino de asociar a los miles de funcionarios con capacidades de gestión a las demandas de reforma, un imperativo que no puede “pertenecer” solo a los políticos. De hecho, no hay más desgastante de la gestión del Estado que la ausencia de cambios. Luego de la caída de PPK hemos ingresado a un vigoroso proceso de balance autocrítico de la tecnocracia que es probable que acabe en un cambio de enfoque de la gestión pública, en favor de la innovación de sus habilidades políticas, la articulación intersectorial, el enfoque territorial (vayamos a una descentralización de los pueblos) y de género, la participación, la comunicación y el gobierno abierto. Existen áreas del Estado que se plantean como nuevas fronteras de la tecnocracia, especialmente la seguridad ciudadana, la protección de los consumidores, y la administración de justicia, luego de saberse, vía los escandalosos audios del CNM, cómo se procesa en el ámbito judicial el reclutamiento del recurso humano. Quizás debería replicarse el proceso iniciado en la Contraloría General de la República luego de la aprobación de una nueva ley marco, orientado a especializar con competencias y poder a centenares de funcionarios para ejercer el control. En tiempos turbulentos y de alta rotación del recurso humano, con más de 60 ministros en dos años, casi 100 viceministros, dos presidentes de la república, tres premieres, cinco ministros del MEF y PRODUCE y otros seis ministerios con cuatro titulares en el mismo período (MINJUS, MINEDU, MINSA, Cultura, Defensa y Energía y Minas), es necesaria la defensa de las políticas y de quienes las ejecutan y defienden. De hecho, sin que exista un mapa de indicadores internos específico, salvo Unidad de Cumplimiento de Gobierno (Delivery Unit) alojada en la PCM, le pérdida de actividad estatal es un peligro creciente. http://juandelapuente.blogspot.com
