A medida que se agrava, la crisis política sale del gobierno y pasa a la calle o, con más precisión, se extiende a la calle. Deja de ser sólo una relación conflictiva entre los poderes del Estado para convertirse en un conflicto entre estos y la calle. Mientras el fuji-alanismo quería echarse abajo a la Fiscalía de la Nación, capturar al TC y desbarrancar a PPK por “incapacidad moral permanente”, el conflicto se mantuvo dentro de los marcos institucionales del Ejecutivo y del Congreso. Allí se daba y se resolvía el conflicto. Era un golpe mafioso para encubrir las fechorías de dos líderes de tradición mafiosa contra uno nuevo descubierto in fraganti. Pero cuando la gente toma conciencia de que todas las cúpulas en el poder nadan en el charco de la corrupción, percibe que ellas buscan la impunidad y PPK otorga (tres días después del fracaso de la vacancia) el indulto trucho a AF, el conflicto se desplaza a la calle en la que se confrontan los movimientos de protesta con los poderes del Estado. Se produce un cambio en la situación política cuya salida no es la vacancia de PPK sino que se vayan todos. ¿Dónde se resolverá finalmente el problema? Depende de la dinámica del conflicto institucional y del conflicto sociopolítico y de la forma como sus principales actores –el fujimorismo y los movimientos de contestación– resuelvan sus propios conflictos internos. Hay, por lo menos, tres factores de contexto (lo que digan Barata y Odebrecht, lo que decidan las organizaciones nacionales e internacionales sobre el indulto, lo que suceda en la economía y su impacto en la situación de la gente) que pueden incidir en el resultado del conflicto. Si la calle se aquieta y se fragmenta, la dinámica del conflicto vuelve a las instituciones y allí se resuelve. Y si, en esa situación, KF logra mantener la mayoría absoluta en el Congreso entonces la estabilidad del gobierno y de PPK está en cuestión y su duración es de pronóstico reservado. Si Kenji aumenta sus filas y logra neutralizar a KF, entonces PPK puede tener un poco más de oxígeno para sobrevivir. Si la situación política se agrava, sea por incapacidad del fujimorismo para resolver sus problemas internos, sea por un fuerte impacto de los citados problemas de contexto, entonces el conflicto socio-político se intensifica, se masifica y se convierte en una crisis del régimen político y del Estado. Y si, en esta situación de aguda crisis, los movimientos de protesta se mantienen unidos y logran articular a los sectores moderados y a los radicales, entonces la solución es socio-institucional, esto es, los movimientos sociales, acompañados de algunos líderes políticos, buscan una salida institucional como sucedió en el 2000: un gobierno transitorio. Este puede ser dirigido por el actual Vice-presidente, por el Presidente del Congreso o por otro elegido ad-hoc por las fuerzas políticas del Congreso. Pero ahora no está en el tapete sólo la cuestión de la democracia y la lucha contra la corrupción sino también la exigencia de profundos cambios económicos, constitucionales y estatales.
