Al voto. La Sala de Apelaciones evalúo la prisión preventiva de Camet Picone, Castillo Dibós y el arresto domiciliario de Ferraro Rey. Sus abogados piden libertad. La fiscalía reclama que se mantenga la prisión preventiva.,Los ejecutivos Gonzalo Ferraro Rey, Fernando Camet Piccone y José Castillo Dibós, ex representantes de las empresas constructoras Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA,detenidos por su implicancia en los sobornos pagados por Odebrecht por las obras en la Interoceánica Sur, podrían salir en libertad la próxima semana. Ayer los jueces Edita Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, integrantes de la Sala Nacional de Apelaciones evaluaron en audiencia pública el arresto domiciliario de Ferraro Rey y la prisión preventiva de Camet Picone y Castillo Dibós, que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho el 4 de diciembre último. PUEDES VER Caso Odebrecht: Sala deja al voto pedido de excarcelación de empresarios La audiencia fue dirigida por el juez Carcausto y por sus preguntas no parecía estar convencido de los motivos expuestos por la fiscalía y el juez Concepción Carhuancho para la prisión preventiva. Ven apelación Diversas fuentes judiciales advierten que lo más probable es que la prisión sea revocada. También es posible que se acoja un recurso de queja para revisar, más adelante, la prisión preventiva dictada contra José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña. La apelación de los directivos de Graña y Montero fue rechazada por el Juzgado de Investigación Preparatoria por errores en la redacción del recurso impugnatorio. Por este motivo, la Sala de Apelaciones no vio ayer estos casos. Ambos también están detenidos desde el 4 de diciembre. Los jueces de la Sala de Apelaciones escucharon a los abogados de Ferraro, Camet y Castillo, así como al fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez. Camet y Castillo también intervinieron vía teleconferencia desde el penal de Ancón, donde cumplen la prisión preventiva. Defensa Los abogados Roger Tuesta, de Ferraro Rey, Arsenio Oré por Camet Picone y José Caro Jhon por Castillo Dibós cuestionaron una presunta falta de pruebas de la participación en los sobornos y el uso de la declaración de Jorge Barata, supuestamente no corroborada. Los abogados enfatizaron que no tuvieron conocimiento previo de los acuerdos, entre el 2004 y 2005, entre la constructora Odebrecht y el entonces presidente Alejandro Toledo para el pago de coimas, por 30 millones de dólares, para la adjudicación de los contratos de la Interoceánica Sur. Además, negaron que el reconocimiento de riesgos adicionales a favor de la constructora Odebrecht, durante el reparto de utilidades del año 2011, haya escondido el pago de la coima a favor de Toledo por parte de las constructoras peruanas. Explicaron que el pago de riesgos adicionales correspondía a una compensación de liderazgo a favor de Odebrecht y no el reconocimiento de un pago ilícito. Fiscalía Pretender que el Ministerio Público muestre un registro fílmico o una fotografía que muestre a los empresarios coludiéndose personalmente con el ex presidente Toledo es un absurdo en un caso de corrupción como este, respondió el fiscal Chávez Sánchez. Subrayó que la declaración de Jorge Barata está corroborada con los informes de los peritos contables, de la firma auditora de las constructoras peruanas, que señalaron que no hubo previsiones para el reparto de utilidades del año 2011. La fiscalía subrayó que los representantes de las constructoras peruanas tuvieron conocimiento previo de las coordinaciones con el hoy ex presidente Toledo para pagar un soborno para acceder a los contratos de la Interoceánica. Luego, anotó, contribuyeron en los pagos realizados por Odebrecht, a través del reconocimiento de gastos adicionales a favor de la constructora brasileña. Procuraduría pide que paguen reparación civil El procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, solicitará el pago de una reparación civil de 593.9 millones de soles por parte de Odebrecht y sus consorcios peruanos Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet por los presuntos pagos que se dieron para la adjudicación de las contratos del tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. El pedido para incorporar a las constructoras peruanas como tercero civil responsable de los casos de corrupción ya fue presentado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que atiende el juez Richard Concepción Carhuancho. Adicionalmente, la fiscalía ha pedido que las empresas peruanas socias de Odebrecht también sean consideradas personas jurídicas activas en la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos y se les pueda imponer una sanción.
