Lo que no se dice. En los periodos gubernamentales de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo fueron 227 y 131, respectivamente. El ministro que más liberó a sentenciados y procesados por delitos de terrorismo y traición a la patria fue Alfredo Quispe Correa: 240 presidiarios.,Una de las grandes mentiras cultivadas a pulso por el fujimorismo es que los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo excarcelaron al mayor número de presos por delitos de terrorismo y traición a la patria. La verdad contundente es que el régimen de Alberto Fujimori fue el que liberó una cifra que representa casi el doble que Paniagua y Toledo juntos. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de pena (Ley Nº 27234), entre los años 1996 y 2000, durante el mandato de Fujimori, salieron de prisión 535 reclusos que se encontraban sentenciados o procesados por los delitos de terrorismo y traición a la patria. PUEDES VER Salvador del Solar: “Alberto Fujimori debería pedir perdón por los excesos terribles de su Gobierno” [VIDEO] En el periodo de Paniagua fueron 227 y en el de Toledo 131. Estos son los números verdaderos y no los fabricados que difunde el fujimorismo. Esto significa que de un total de 893 presidiarios que salieron en libertad bajo las figuras legales de indulto, derecho de gracia y conmutación, el 60 por ciento ganó la calle en el régimen de Fujimori, el 25 por ciento durante el gobierno de Paniagua y el 15 por ciento en el periodo de Toledo. Debe señalarse que las liberaciones se produjeron en el contexto de la aplicación de las durísimas leyes contra el terrorismo y traición a la patria emitidas por el gobierno de Fujimori que vulneraron los estándares internacionales sobre el debido proceso, derecho a la defensa y asistencia legal, entre otros. Después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el Gobierno de Emergencia y Reestructuración Nacional, denominación que le impuso Fujimori al régimen dictatorial que instaló, con el respaldo de una mayoría de la población harta y atemorizada por el terrorismo, emitió varios decretos ley que originó un clima de represión generalizada. Represión general Incluso se permitió que tribunales militares sin rostro procesaran a civiles, considerada una flagrante violación de los derechos humanos. Como resultado del sistema legal de Fujimori fueron arrestadas y encarceladas centenares de personas falsamente acusadas de terroristas o de traidores a la patria y condenadas con durísimas sentencias de hasta cadena perpetua. El 17 de agosto de 1996, por iniciativa de Fujimori y del entonces defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, el Congreso aprobó la Ley Nº 26655 que creó la Comisión Ad Hoc de Indultos. El padre Hubert Lanssiers tuvo un papel trascendental. Conocedor del problema carcelario porque estaba dedicado por muchos años a predicar en las prisiones, y tuvo la ocasión de exponer a Fujimori la terrible situación que afrontaban los ciudadanos injustamente encarcelados, muchas veces con pruebas fabricadas, falsas imputaciones o sin haber tenido la oportunidad de ejercer su defensa, fue designado miembro de la comisión como representante del jefe de Estado. Pero el trabajo de la comisión fue dificultosa porque no contaba con los recursos necesarios y Fujimori se sentía fastidiado con la labor de Lanssiers, como lo dijo en una entrevista el religioso (ver recuadro). De modo que los presos que consiguieron la libertad por recomendación de la comisión, muchas veces luego de años de investigaciones y verificaciones, no eran terroristas. El gobierno fujimorista aplicó más la figura del indulto para otorgar la libertad a personas inocentes condenadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Con el indulto fueron liberados 456 reclusos, 46 con el derecho de gracia y 33 con la conmutación de pena. Números verdaderos En el mandato de Paniagua se dieron 154 indultos, 71 conmutaciones y 2 derechos de gracia. En el gobierno de Toledo, fueron 95 indultos, 36 conmutaciones y ningún derecho de gracia. Es importante indicar que las conmutaciones se otorgaban cuando los reclusos se sometían a la Ley de Arrepentimiento Nº 25499, es decir, colaboraban con la justicia. Entre estos se encontraban los que aportaron información para la captura de Abimael Guzmán y para identificar y atrapar a los terroristas del brutal ataque a los vecinos de la calle Tarata, en Miraflores, entre otros casos. La información a la que ha tenido acceso La República por parte de ex miembros de la comisión que investigó los casos y recomendó a los jefes de Estado la excarcelación de presos inocentes acusados falsamente de los delitos de terrorismo y traición a la patria, también permite esclarecer otra frecuente mentira del fujimorismo y de sus simpatizantes. Se atribuye erróneamente al ex ministro Diego García Sayán haber sido el titular de Justicia que más presos libró. Por supuesto, no es verdad. El ranking de ministros de Justicia que más indultos, derechos de gracia y conmutaciones otorgaron en beneficio de reclusos por terrorismo y traición a la patria lo encabeza Alfredo Quispe Correa. Durante su gestión, entre el 18 de julio de 1997 y 6 de enero de 1999, suscribió 240 liberaciones. Diego García Sayán, ministro de Justicia de Paniagua entre 25 de noviembre de 2000 y 28 de julio de 2001, dispuso la libertad de 227 presos sentenciados injustamente por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Precisamente, con García Sayán cesó el trabajo de la Comisión Ad Hoc y se instaló una Comisión Técnica que continuó con el trabajo del anterior. Carlos Hermoza Moya, cuyo mandato como ministro de Justicia se inició el 10 de enero de 1996 y terminó el 18 de julio de 1997, excarceló a 226 presidiarios. Una cifra muy similar a la de García Sayán, con la diferencia de que Hermoza indultó a más (200 presidiarios), en comparación con este (154 reclusos). El ranking continúa con Fernando Olivera Vega, quien ejerció como titular de Justicia entre el 28 de julio de 2001 y el 27 de julio de 2002. Dio libertad a 100 presos. Sigue Alberto Bustamante Belaunde, con 62 casos. Bustamente fue ministro fujimorista entre el 13 de octubre de 1999 y el 25 de noviembre de 2000. Fausto Alvarado Dodero, ministro de Toledo entre el 27 de julio de 2002 y el 16 de febrero de 2004, excarceló a 31. Y completa la lista la ministra fujimorista María Valenzuela de Puelles, que en el periodo comprendido entre el 6 de enero y el 16 de abril de 1999 liberó a solo 7. Como lo señalan informes de la Defensoría del Pueblo, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la llamada Ley de Arrepentimiento Nº 25499, del 12 de mayo de 1992, y el reglamento de esta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-93-JUS, originaron detenciones y sentencias abusivas basadas en mentiras. No solo legalizaba las simples imputaciones de “arrepentidos” que acusaban sin evidencias a otras personas con el propósito de conseguir salir de prisión, sino también las normas premiaban a los miembros de las fuerzas del orden que conseguía el mayor número de “arrepentidos”, lo que alentaba las detenciones arbitrarias masivas. Así que la Comisión Ad Hoc, al proponer y conseguir la excarcelación de centenares de reclusos sentenciados o procesados con acusaciones de “arrepentidos” que no lo eran, cumplía con un acto de justicia.
