
Corría el año 2009 y en el Campo de Marte, en pleno centro de Lima, una escultura de bronce lloraba en silencio. "El Ojo que Llora", de la artista Lika Mutal, llevaba ya un tiempo ahí, rodeada de piedras con los nombres de las víctimas del conflicto armado interno, cuando el gobierno peruano decidió que no necesitaba, junto a ella, un museo. Angela Merkel había ofrecido dos millones de dólares para construirlo. El entonces ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, dijo que no. Un país con hospitales y escuelas pendientes, argumentó, no podía darse el lujo de un museo.
Mario Vargas Llosa respondió con una columna que, dieciséis años después, sigue leyéndose como advertencia: "Los peruanos necesitamos un museo de la memoria para combatir esas actitudes intolerantes".
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El texto, titulado "El Perú no necesita museos" y publicado como columna de la serie Piedra de Toque en el diario El Comercio, parte de ese episodio concreto: el rechazo del Estado peruano a la donación alemana destinada a construir un museo sobre el periodo de violencia interna vivido entre 1980 y 2000. Vargas Llosa dedica el arranque de su columna a desmontar el perfil del propio ministro: aclara que no se trata de un militar improvisado, sino de un abogado con una carrera política consolidada dentro del Partido Popular Cristiano, que además había representado al Perú como embajador ante la OEA.
Precisamente por eso, el escritor se pregunta cómo un hombre con esa trayectoria pudo sostener un argumento tan pobre, y responde que la explicación no está en la falta de inteligencia del ministro, sino en dos vicios que identifica como estructurales en la clase política latinoamericana: la intolerancia hacia lo que no se entiende y la incultura como forma de gobierno.
A partir de ahí, construye una analogía histórica para desarmar el argumento de que la cultura debe esperar a que se resuelvan las urgencias materiales. Si ese criterio se hubiera aplicado en otros países en otros momentos de su historia, sostiene, ninguno de los grandes museos del mundo —el Louvre, el Prado, la National Gallery, el Hermitage— existiría hoy, porque todos se construyeron en sociedades que también tenían pobreza y carencias. Lleva el argumento al extremo local al sugerir, con ironía deliberada, que bajo esa misma lógica Machu Picchu debería haberse subastado para financiar necesidades básicas. El objetivo de esa hipérbole es mostrar que la oposición entre cultura y desarrollo es falsa: ningún país prospero ha llegado a serlo sacrificando su patrimonio.
La columna recuerda que cerca de 70,000 peruanos murieron durante el conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso, en su mayoría campesinos de zonas andinas y de los sectores más pobres del país. Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori —que Vargas Llosa describe como un gobierno cleptómano y corrupto, con un historial propio de asesinatos, torturas y desapariciones cometidos bajo el pretexto de combatir la subversión—, el gobierno de transición conformó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), presidida por el filósofo Salomón Lerner, para documentar esa tragedia con rigor académico.
Con ese material, la comisión montó la exposición "Yuyanapaq" ("Para recordar", en quechua), exhibida en el Museo de la Nación, que reunía fotografías, testimonios y registros del horror provocado tanto por los grupos terroristas —Sendero Luminoso y el MRTA— como por agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos, incluido el grupo Colina. Vargas Llosa describe esa muestra como una de las más conmovedoras que se hayan montado en el país, precisamente porque no se limita a acumular cifras, sino que expone la impotencia y el desamparo de las comunidades más pobres frente a una violencia que las sobrepasó por completo.
El autor —candidato presidencial en 1990 y blanco, según cuenta, de dos atentados fallidos por parte del terrorismo, uno en Pucallpa y otro en Lima— sale al frente de las críticas que acusaban a la CVR de equidistancia entre terroristas y fuerzas del orden. Se detiene a subrayar su propia autoridad moral para hacer ese descargo: recuerda que durante su campaña presidencial denunció con insistencia los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA, y que con la misma constancia cuestionó a los sectores de la izquierda que, en su lectura, minimizaron o justificaron el terrorismo por cálculo ideológico.
Sobre esa base, sostiene que revisó personalmente los nueve volúmenes del informe de la CVR y que, pese a reconocer que un trabajo de esa magnitud puede contener errores puntuales, no encontró en sus conclusiones ningún indicio de parcialidad. Por el contrario, describe el informe como un esfuerzo casi obsesivo por reconstruir la verdad de los hechos a partir de un cúmulo de testimonios y documentos contradictorios, cuya conclusión central —dice— es inequívoca: la responsabilidad principal y mayoritaria de la matanza recae en los fanáticos senderistas y emerretistas, convencidos de que el asesinato masivo de sus opositores traería al país una suerte de paraíso socialista.
El argumento de fondo del artículo no es solo cultural, sino preventivo: para Vargas Llosa, un museo de la memoria no compite con las escuelas y los hospitales por recursos, sino que cumple una función social que puede evitar que el país repita su propia historia. Plantea que la falta de espacios como este perpetúa exactamente el tipo de intolerancia y ceguera política que, en su lectura, hizo posible la violencia de los años ochenta y noventa: tanto la de los ideólogos marxistas y maoístas que la desataron como la de quienes, desde el propio Estado, respondieron con métodos igual de fascistas convencidos de que el fin justificaba cualquier sacrificio de vidas inocentes.
Desde ahí amplía la reflexión a una defensa general del rol de los museos en cualquier sociedad, no solo en el contexto post-conflicto peruano. Sostiene que educan de una manera distinta y en muchos sentidos más duradera que la escuela formal, porque actúan sobre la sensibilidad y no solo sobre el conocimiento. Afirma que ensanchan la mirada de quienes los visitan, sustituyendo una visión estrecha y provinciana del mundo por una más plural y generosa, y que ese ejercicio de imaginación y autocrítica es, en última instancia, lo que distingue a una clase política capaz de gobernar con cierta decencia de una que no lo es. El progreso, insiste, no se mide solo en carreteras, colegios y hospitales construidos, sino también en la capacidad colectiva de diferenciar lo bello de lo feo y lo tolerable de lo intolerable — una capacidad que, según él, se cultiva precisamente en espacios como los museos.
Aunque el Lugar de la Memoria se inauguró finalmente en 2015 —seis años después de esta columna y ya con financiamiento alemán reencauzado—, el artículo de Vargas Llosa retrata una tensión que ha reaparecido cíclicamente en el debate público peruano: la que enfrenta las políticas de memoria histórica con la idea de que la cultura es un gasto postergable frente a necesidades materiales más urgentes.





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