El fracaso del estado contra la minería ilegal

En Pataz, una patrulla del Ejército retuvo violentamente a un equipo policial que investigaba redes vinculadas a la minería ilegal. Ello ocurre mientras la fiscalía investiga presuntos nexos militares en el asesinato de un actor ligado a ese circuito criminal.

Lo anterior es una escena tan grave como reveladora de la profunda crisis peruana, ahora con fuerzas estatales enfrentadas en medio de disputas alrededor del oro ilegal. Lo que allí ocurrió expone el deterioro de la autoridad pública en territorios donde las economías criminales han ganado capacidad para corromper e incluso desafiar al propio Estado.

Durante años se sostuvo que el crecimiento económico bastaba para garantizar estabilidad y desarrollo. Es lo que muchos insisten a rajatabla como si de un mandamiento se tratase. El país, en efecto, avanzó en reducción de pobreza, mejorando sus niveles de inversión y, por ende, de consumo. No obstante, lo que no se veía era que, mientras las cifras macroeconómicas mejoraban, el Estado se debilitaba paulatinamente.

Ese vacío fue ocupado por economías ilegales capaces de mover millones, capturar autoridades y corromper instituciones enteras. Prueba de ello es la forma de gobernar del pacto corrupto parlamentario.

Pataz es el síntoma más crudo de un deterioro incubado durante años bajo la tolerancia política y la complacencia económica. El problema no fue apostar por la economía de mercado. El problema fue construir un modelo incapaz de traducir crecimiento en instituciones fuertes que garanticen una ciudadanía protegida. Se consolidó un país con indicadores macroeconómicos razonables, pero con territorios abandonados, servicios colapsados y una democracia cada vez más frágil.

A esa debilidad estructural se sumó el pacto corrupto que terminó degradando la política nacional.

Negar esta crisis en nombre de la defensa de un modelo solo profundiza el problema. El crecimiento económico sí importa y es lo que defienden estas páginas editoriales. Lo que ya no resulta sostenible es seguir afirmando que basta por sí solo. Ninguna estabilidad macroeconómica resistirá indefinidamente sobre un país atravesado por mafias, corrupción y abandono estatal, y ello ya fue advertido por el actual presidente del BCRP, Julio Velarde.

Lo que hoy ocurre en Pataz también se replica, con distintas formas y escalas, en Madre de Dios y otras regiones donde las economías ilegales han avanzado durante años a espaldas del Estado hasta convertirse en una fuerza con capacidad de destruir territorios.