Estado de Derecho y Elecciones

Pedro P. Grández Castro - Profesor universitario. Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Según escribió Karl Popper, la democracia es el sistema en el que “los gobernantes pueden ser destituidos por los gobernados sin derramamiento de sangre. Si quienes están en el poder no salvaguardan las instituciones que aseguran esa posibilidad, su gobierno es una tiranía." La frase parece más que una definición, una advertencia. La democracia no se sostiene por el solo hecho de celebrar elecciones. Es indispensable que quienes ejercen el poder expresen su voluntad de someterse a las mismas reglas que hacen posible el cambio pacífico. Cuando esa voluntad falta, el sistema no simplemente se debilita: según Popper, se convierte en tiranía. El proceso electoral que aún no cierra nos interpela para reflexionar con honestidad si tal voluntad ha estado presente en los últimos procesos electorales, puesto que detrás de esa voluntad radica la posibilidad misma del Estado de Derecho.

Si observamos con atención, el deterioro del Estado de Derecho comenzó mucho antes de la convocatoria a las elecciones. La mayoría del Congreso modificó las reglas de participación en su propio beneficio, empezando con la reelección que el pueblo había rechazado con amplia mayoría en un referéndum. Luego, los congresistas ya en campaña compitieron sin renunciar a sus cargos, aprovechando a vista y paciencia de todos las prerrogativas, los vehículos, el personal a su cargo, los sueldos y la visibilidad institucional que los convertía en candidatos privilegiados. No hubo igualdad de condiciones. El Estado de Derecho fue, desde el principio, subordinado a la lógica del privilegio y la reelección.

La vulneración más grave ocurrió durante la primera vuelta, antes de que la ONPE concluyera el conteo. En particular, una de las agrupaciones que disponían de encuestas —cuya difusión la ley prohíbe— sabían que no pasarían a segunda vuelta. Lejos de aceptar ese resultado, emprendieron una campaña mediática que culminó con la renuncia obligada y una denuncia penal del jefe de la ONPE, el allanamiento de su domicilio y la detención policial de uno de los funcionarios de dicha Oficina sin ningún mandato judicial, contraviniendo la Constitución y la ley.

Hasta hoy, ninguna evidencia vincula al ex jefe de la ONPE con acto alguno que constituya indicio de fraude. La campaña demoledora de algunos medios —que durante la contienda actuaron como correa de transmisión de uno de los candidatos— terminó por presionar su renuncia. Lo que vino después agravó el panorama: la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en lugar de resguardar la legalidad, aceptó esa renuncia ignorando el artículo 10 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establece expresamente que el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. La norma existe, precisamente, para blindar la conducción del proceso frente a este tipo de presiones que se estaba consumando. El Estado de Derecho cayó una vez más, esta vez sacrificado por la JNJ que debía resguardarlo.

El tercer intento de vulneración llegó cuando la misma agrupación exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la convocatoria de "elecciones complementarias". Esta vez, sin embargo, el Jurado, resistiendo a las presiones, defendió el Estado de Derecho y rechazó el pedido por unanimidad en su Acuerdo del Pleno del 23 de abril de 2026. El JNE estableció que las elecciones complementarias no están previstas para las Elecciones Generales sino únicamente para procesos municipales, de modo que aplicarlas aquí vulnera el principio de legalidad y el de reserva de ley. Señaló también que las etapas del proceso electoral son preclusivas: una vez culminada cada una, no pueden retrotraerse.

Advirtió que realizar una jornada adicional con el escrutinio al 94% de avance comprometería la autenticidad del sufragio, pues los electores ya no decidirían en condiciones de libertad real, vulnerando el artículo 31 de la Constitución. Y concluyó que organizar ese proceso desbordaría los plazos de la segunda vuelta y pondría en riesgo la sucesión del poder que la Constitución prevé que debe ocurrir indefectiblemente el próximo 28 de julio. El análisis estadístico del propio tribunal mostró, además, que el retraso en la instalación de mesas tuvo un impacto leve —0.86 puntos porcentuales por hora de retraso—, insuficiente para justificar una medida tan drástica. El JNE ha cumplido su función. Es, por ahora, el momento más relevante del proceso, pues el Derecho se ha impuesto a la majadería y las presiones.

Las elecciones han sido cuestionadas con insistencia, pero ninguna prueba ha demostrado la existencia de un fraude sistemático. El JNE ha anunciado una auditoría que abona a favor de la legitimidad de los resultados que deberá proclamar. Sin embargo, los líderes de las instituciones y los partidos políticos han guardado una distancia que resulta preocupante. Defender las decisiones del JNE no es adhesión política a ningún candidato: es reconocer que esas decisiones, fundadas en la Constitución y en la ley, son la única fuente legítima en el arbitraje de una contienda que ya no puede soportar más vicios ni errores.

Volviendo a Popper: en 1988, reflexionando sobre su propia teoría, precisó que la democracia no debe entenderse como el "gobierno del pueblo", sino como "el imperio de la ley que permite la destitución pacífica del gobierno por el voto de la mayoría". Lo que nos hace falta no es solo que el cambio que produzcan estas elecciones ocurra sin violencia de ninguna clase, sino que sea un cambio perdurable; que no repitamos lo que hemos padecido entre 2021 y 2026: la sucesión de presidentes interrumpidos, los golpes y contragolpes, la erosión sistemática de la soberanía popular por parte de quienes deberían ser sus custodios. Para ello se necesita del imperio de la ley; se requiere que las instituciones que aseguran el cambio pacífico sean defendidas, no solo por los jueces que tienen el deber de hacerlo, sino por todos los actores políticos que se reclaman demócratas. Si esa defensa no llega, Popper ya nos advirtió cómo se llama lo que queda o lo que sigue: una tiranía.