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Opinión

El conteo de votos está en riesgo

La JNJ vulnera la ley al aceptar renuncia del jefe de la ONPE.

Editorial
Editorial

En un Estado de derecho, las reglas que organizan el poder no son sugerencias: son límites al poder político. Es lo que debiera, en última instancia, impedir regímenes dictatoriales instalados. Por eso, la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no puede tratarse como un trámite más. La Ley Orgánica de la ONPE establece la irrenunciabilidad del cargo como una garantía institucional frente a presiones políticas. No es una formalidad; es un resguardo para la estabilidad del sistema electoral.

Aceptar una renuncia en ese marco es, en los hechos, apartarse de una regla diseñada precisamente para evitar este tipo de desenlaces en momentos de alta crispación política. La salida de Piero Corvetto en medio de un proceso electoral tensionado no solo altera la conducción de un organismo clave, sino que introduce una señal de arbitrariedad.

Vale recordar que la JNJ tiene, por mandato constitucional, la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley en el sistema de justicia. Ese rol exige un estándar más alto que el de cualquier otra entidad: sus decisiones deben estar sólidamente motivadas, especialmente cuando parecen contradecir el sentido explícito de una norma. En ese sentido, esta casa editorial sostiene que no basta solo con el acto administrativo, sino que la ciudadanía requiere una explicación jurídica convincente sobre las razones que permitirían aceptar lo que la ley declara irrenunciable.

Sin esa fundamentación, la decisión no solo debilita más a la ONPE, sino que dilapida la confianza en el propio sistema institucional. Si la regla puede flexibilizarse en el momento más crítico, ¿qué certeza queda sobre su vigencia en adelante?

La JNJ aún está a tiempo de corregir el rumbo o, al menos, de cumplir con lo mínimo exigible: explicar, con rigor jurídico, las bases de su decisión. No hacerlo consolidaría la impresión de que la legalidad ha dejado de ser un marco común para convertirse en una herramienta discrecional.

Sin embargo, lo más importante es el conteo de votos que sigue vigente y corre el riesgo de ser viciado en su totalidad por la falta de diligencia y de tutela de las principales instituciones encargadas.

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