Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el...
Escribe: Ana María Guerrero Espinoza. Psicóloga clínica, directora de Proyecto UMA. Miembro del colectivo 'Las Tejedoras'.
Siete de cada 10 votantes tendremos un gobierno que no queremos. Si contamos blancos y nulos, la cantidad se amplía. Volvemos a ser el país delante del precipicio, buscando maniobrar en el aire y controlar los riesgos.
El sistema político electoral nos deja tres candidaturas vinculadas al poder reciente. Por un lado, el fujimorismo, recordado por el desmantelamiento del Estado, la corrupción sistemática, la persecución de adversarios o el aniquilamiento selectivo. Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional), que aún gobierna la Municipalidad de Lima y otros municipios bajo reglas tan absurdas como draconianas. Su líder, un católico ultraconservador, normaliza públicamente la violencia extrema contra adversarios, periodistas o autoridades. Por otro lado, el castillismo de Juntos por el Perú también es conocido: por sus promesas rotas, por su improvisación e interminables cambios ministeriales –con figuras vinculadas a corrupción o violencia--, o incluso por el rompimiento abrupto con sus aliados democráticos. Su gobierno terminó con un intento de golpe de Estado o, como dicen ellos, 'leyendo una proclama' que hablaba de cerrar autoritariamente instituciones del Estado. La alianza con Antauro Humala quedará para otro artículo.
En el Perú sabemos de alianzas espurias y promesas rotas, de discursos moderados para ganar elecciones, de esconder impresentables para no asustar votantes. Seguimos pagando cara la factura de la improvisación y la crítica cínica a las formas democráticas.
Por eso, la discusión más importante de hoy no trata de elegir un “mal menor”. Ninguna de las tres opciones merece nuestra confianza automática: arrastran vínculos con corrupción, tolerancia al autoritarismo, clientelismo o alianzas con economías ilegales. No basta, esta vez, pedir “una oportunidad”. No servirán las adhesiones incondicionales o los votos “de confianza”. El mal menor nos trajo hasta acá, con gobiernos débiles, abusivos, incapaces, corruptos o represivos. No más. Pasemos del mal menor a exigirle los mismos mínimos a todos.
Todos deben respetar de manera irrestricta los resultados electorales y el sistema democrático, tal como está. Deben respetar los órganos autónomos del Estado y deben hacer pública su política anti-corrupción, empezando por casa. Derechos humanos y Pacto de San José deben protegerse sin ambigüedades. Necesitan comprometerse con la libertad de prensa, el respeto a la oposición y la lucha contra el crimen, sin políticas autoritarias. Deben, además, sostener políticas económicas responsables, con sentido social pero sin dogmatismos. Debemos exigir meritocracia básica en el Estado, rechazar la improvisación en los altos cargos públicos, la política del cuoteo o el carnetazo. Finalmente, instalar una comisión autónoma que investigue las matanzas de 2022 y 2023 y abra camino a la justicia para las familias de las víctimas.
Alguien puede decir que esto es ingenuo o ilegítimo, o que favorece al “mal mayor”. Otro dirá que no estamos para exigencias. Pensémoslo mejor: ningún candidato a la segunda vuelta tiene una trayectoria de credibilidad. Usemos la experiencia ganada para reconstruir el país y salvar lo que pueda salvarse. La seguridad, el trabajo, la salud o la educación no llegan solas sino a través del Estado de Derecho y sus instituciones. Y, antes de sacar la carta de la equidistancia, conviene aclarar: no, no todos son iguales pero ninguno merece confianza automática. Construyamos un frente democrático vigilante, amplio y de diversos signos. Nadie puede garantizar que el próximo gobierno actúe con eficiencia y honestidad, pero nosotros sí podemos afirmar que nadie gobernará con un cheque en blanco.

Colectivo de mujeres diversas, desde diferentes trayectorias, tendencias políticas, territorios y experiencias, que se levantan en voz unida con el objetivo común de rehabilitar la esperanza en la construcción del país. Se comprometen y convocan a un diálogo abierto, y a tejer lazos para contribuir a un proyecto democrático que impidan que el autoritarismo y la corrupción se apoderen de las instituciones.