Veinte años después, confiamos menos, por Ricardo Cuenca

Mis grupos de WhatsApp —y estoy seguro de que también los de ustedes— llevan días convertidos en un campo de batalla. Familiares, amigos, conocidos se intercambian pruebas, videos, capturas de pantalla, testimonios que demuestran, según quien los envía, que el fraude ocurrió o que jamás existió. Nadie convence a nadie. Nadie cambia de posición. Y, sin embargo, nadie para.

Esa escena trivial y cotidiana esconde una pregunta que las ciencias sociales llevan décadas intentando responder: ¿por qué personas razonables se aferran a convicciones sin evidencia? En el Perú de 2026, esa pregunta no es académica. Es urgente. A menos de semanas de las elecciones generales, algunos actores políticos —particularmente desde la derecha más radical— comenzaron a instalar la narrativa del fraude antes de que se cuente un solo voto. No es un accidente. Es una estrategia que encuentra terreno fértil en algo más profundo que la política: la desconfianza.

Y los datos son elocuentes.

Según el Barómetro de las Américas 2025/26, aplicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) entre octubre y diciembre de 2025, solo el 41% de peruanos y peruanas considera que la gente de su comunidad es confiable. La serie histórica de LAPOP revela una tendencia que debería inquietar: la confianza interpersonal llegó a su punto más alto en 2014, cuando alcanzó el 55%, para luego caer de manera sostenida durante una década. En 2025/26 estamos, paradójicamente, por debajo del punto de partida registrado en 2006. 20 años después, confiamos menos en los demás que antes. América Latina, en promedio, llega al 58%. La brecha no es menor: en materia de confianza interpersonal, el Perú está entre los países con indicadores más deteriorados del continente.

Este dato podría parecer anecdótico, pero no lo es.

La psicología social ha establecido muy sólidamente que la confianza interpersonal —la disposición a presumir buena fe en los otros, en los extraños, en quienes no son como nosotros— es la infraestructura invisible de la vida democrática. Robert Putnam (2000) lo formuló hace tres décadas: cuando la confianza generalizada decrece, las personas se repliegan hacia sus grupos de pertenencia y empiezan a ver al mundo exterior con suspicacia. Eric Uslaner (2002) añadió una hipótesis aún más inquietante: la desconfianza no cae del cielo, crece en la desigualdad. Las sociedades más fragmentadas producen ciudadanos que no se reconocen entre sí como pares. Y cuando no reconoces al otro como par, su victoria solo puede explicarse por trampa.

Aquí aparece el primer mecanismo psicológico relevante: lo que Jan-Willem van Prooijen y Karen Douglas (2017) han llamado mentalidad conspirativa. Sus investigaciones muestran que cuando las personas sienten que han perdido control sobre su entorno —cuando el mundo no responde a sus expectativas— la mente busca agentes causales maliciosos. La derrota electoral, en ese marco, deja de ser una posibilidad estadística y se convierte en una acción deliberada de otros. El fraude no se deduce de la evidencia: se infiere del malestar.

A esto se suma un segundo mecanismo igualmente documentado: el razonamiento motivado, teorizado por Ziva Kunda (1990) y desarrollado, años después, políticamente por Lodge y Taber (2013). Los seres humanos no somos evaluadores neutrales de información. Partimos de una conclusión preferida y luego buscamos evidencia que la sostenga. La ausencia de pruebas de fraude, lejos de refutar la creencia, se reinterpreta como evidencia de cuán perfectamente diseñado estuvo el engaño. La conspiración es, por definición, infalsificable.

Ambos mecanismos se activan con más fuerza en contextos de baja confianza institucional. Y en ese punto, los datos peruanos son feroces.

El mismo Barómetro 2025/26 muestra que solo el 7% de peruanos tiene confianza en el Congreso —el 53% directamente responde “nada” en la escala de 1 a 7—. La confianza en las elecciones ha caído hasta niveles que el propio informe señala como históricamente bajos. El 82% cree que la mayoría o todos los políticos están involucrados en corrupción. Y el 76% considera que los políticos reciben dinero de organizaciones criminales. En ese paisaje, ¿es sorprendente que una narrativa de fraude encuentre audiencia?

No. Es predecible.

Pero hay una dimensión adicional que la literatura política contemporánea ha mostrado con precisión: la amenaza de estatus. Diana Mutz (2018) mostró que ciertas formas de reacción autoritaria no emergen principalmente de la pobreza o la exclusión económica concreta, sino de algo más sutil y poderoso: la sensación de pérdida de posición relativa; es decir, del cambio de su lugar en el orden social. Pippa Norris y Ronald Inglehart (2019) lo llamaron reacción cultural: el voto del resentimiento de quienes sienten que el mundo que conocían —y en el que ocupaban un lugar privilegiado— está desapareciendo. Cuando ese grupo pierde una elección frente a candidatos que encarnan precisamente ese cambio que los amenaza, la derrota resulta cognitivamente insoportable. El fraude devuelve la lógica al mundo: no perdimos, nos robaron.

Esta dinámica tiene nombre propio en el contexto peruano, aunque raramente se llame así. La incapacidad de reconocer como legítimo el voto del otro —del ciudadano rural, del sur, del que habla diferente, del que vive en una realidad distinta— lleva a interpretar su mayoría no como expresión democrática sino como anomalía que debe ser explicada. Y la explicación más accesible, más consoladora, es el fraude.

Aquí reside el verdadero peligro. Las narrativas de fraude sin evidencia no son simplemente mentiras políticas. Producen activamente desconfianza institucional. Erosionan la legitimidad del sistema no solo entre quienes las creen, sino también entre quienes las rechazan: nadie sale indemne de una narrativa que opera, aunque sea falsa. Debilitan la disposición ciudadana a aceptar resultados futuros. Y, en el peor de los casos, funcionan como ensayo de desestabilización.

El Perú llega a estas elecciones con una democracia herida, pero en pie. La ciudadanía ha demostrado, una y otra vez, una capacidad de resiliencia notable frente a la inestabilidad política. Pero esa resiliencia no es infinita. Cada ciclo electoral que termina en acusaciones de fraude sin sustento añade una capa más de escepticismo a un sistema que ya carga demasiado.

La desconfianza, cuando se vuelve total, no distingue entre instituciones corruptas e instituciones que funcionan. Lo devora todo.

Por eso, las narrativas de fraude no son solo una mentira conveniente. Son, quizás, el síntoma más peligroso de una cultura política que todavía no ha aprendido a reconocer al otro diferente como un ciudadano igualmente legítimo. Y mientras eso no ocurra, la democracia peruana seguirá siendo un proyecto inacabado.