Violencia sexual y política: Una visión autoritaria, por Cecilia Méndez

Cuando el candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga (RLA), se subió a una tarima frente al local del Jurado Nacional de Elecciones al día siguiente de la votación para denunciar un supuesto fraude mientras los votos aún se contaban, estaba siguiendo un libreto conocido (y no solo en el Perú, para los que recordamos a Trump…), tanto así que ha acuñado un neologismo: fraudismo. Esta vez el fraudismo viene con ingredientes novedosos a los que es necesario prestar más atención.

Haciendo gala del lenguaje soez y la prepotencia a la que nos tiene acostumbrados, RLA añadió a su larga lista de comportamientos delictivos, otros de mayor gravedad moral y política. No solo incitó a anular el proceso electoral llamando a “la insurgencia” y a “incendiar la pradera”, tildando de “ladrón” al jefe de la ONPE, sino que amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con violación sexual, en términos que no puedo repetir, “para hacerlo hombre”, si en un plazo de 24 horas no anulaba la “porquería” de elecciones. Lo reiteró con expresiones gráficas que han quedado registradas en videos, ante las risas bobas y la aclamación de sus seguidores, que lo vitoreaban, cómplices.

Violación sexual como sometimiento

La amenaza de violación sexual no puede tomarse como un simple exabrupto “porkino”. Más bien, saca a relucir uno de los lados más oscuros de nuestra sociedad, en este caso, de los sectores altos de Lima que abrazan posturas políticas ultraconservadoras. Renovación Popular, el partido de RLA, un dizque católico célibe, devoto de la Virgen María, ha dado señas de tener una relación permisiva con la violación sexual. Para empezar, aquella cometida contra niñas y mujeres. Como trascendió hace poco, uno de los cuadros más altos de su partido, la pastora evangélica Milagros Jáuregui, actual congresista y posible diputada en el nuevo Congreso, hizo noticia por el maltrato al que eran sometidas las niñas de su albergue para niñas embarazadas producto de una violación, “La Casa del Padre”, de acuerdo con investigaciones del portal La Encerrona, reproducidas por el diario El País (11-2-2026). Jáuregui fundó ese albergue con su esposo hace más de una década, según se reporta aquí, con la finalidad de que las niñas embarazadas como producto de una violación “no vean al niño ‘como una maldición’ y que entiendan que el bebé es la única víctima” y que ellas más bien “debería ser agradecidas por ese niño que va a nacer…”. De esta manera, en nombre de un supuesto mandato divino se minimiza el crimen de violación sexual y lo que piensen y sientan las niñas, a quienes se les quiere obligar a ser madres a los 9 u 11 años y con el riesgo de sus vidas y de su salud física y psíquica, pese a que el aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924. No debe extrañar entonces que Jáuregui, como presidenta de la “Comisión de la Mujer y Familia” en el Congreso, según nos recuerda la misma fuente, sea autora de proyectos de ley para eliminar la figura del feminicidio del Código Penal y acabar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Con lo que quiero decir que un posicionamiento frente a la violencia sexual, más allá de una postura moral y legal, es siempre político.

¿“Hacerse hombre”?

Cuando se trata de la violación sexual de un hombre contra otro, retomando la amenaza proferida por el candidato RLA contra el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el tabú es mayor. Pero RLA lo acaba de romper, y no podemos pretender no haberlo oído o no haberlo visto. Una amenaza procaz de tal calibre, especialmente tratándose de alguien que aspira a ser la máxima autoridad del país, tendría que ser universalmente repudiada, independientemente de ideologías. Pero no ha sido así, y en breve volveré sobre ello.

Por su parte, RLA tendría que explicar al país, y ante los tribunales, cómo es que la violación sexual, en este caso, de un hombre contra otro, puede hacer “hombre” a la víctima. Lo que sí queda claro es que el candidato traslada a la política un imaginario que procede de las prácticas más humillantes y perversas de las cárceles y de los cuarteles en tiempo de guerras. Como varios investigadores han documentado, la violación sexual la han sufrido también en nuestro Ejército durante la guerra contra Sendero los más débiles en la cadena de mando: licenciados y jóvenes reclutas, obligados a su vez a cometer violaciones como una práctica de sometimiento. En el caso más extremo, en las cárceles de Israel, la violación sexual contra palestinos se practica sádicamente como una forma sistemática de tortura que está bien documentada.

Las amenazas de violencia sexual de RLA, nacidas de su incapacidad para aceptar una inminente derrota en el juego democrático, dicen más de cómo él y quienes lo celebran entienden la política, que lo que puede decirnos su propio plan de gobierno. El hecho de que ninguna autoridad, ni siquiera el principal agraviado, haya reaccionado a sus amenazas e intentos disruptivos de las elecciones, es revelador de los niveles de violencia que estamos dispuestos a normalizar como sociedad y de la degradación de la palabra y de la política que parecen no tener fondo. ¿Por qué tanta impunidad?

La piel y la plata

Lo primero es la piel y la plata. RLA se siente blindado por el color de su piel y por su dinero. Y lo está. De haber sido un político de izquierda o un “cholo” o “serrano” quien se hubiera parado en una tarima a llamar a la insurgencia y amenazar con violación sexual a la autoridad electoral, estaría preso hace tiempo. Pero este racismo, que en el Perú es inseparable del prejuicio de clase y lingüístico, y que resurge con virulencia en cada elección, no es, como asume el lugar común, una “herencia colonial”. Es más bien, como he afirmado reiteradamente en esta misma columna ( 24-7-2022) y en varios otros trabajos, una reacción de los sectores privilegiados ante la “amenaza” de igualdad que sienten con los procesos democráticos. Porque en esta república desigual, el voto es lo único que nos hace iguales. El racismo es una reacción ante la inminencia de la igualdad jurídica que se instala como principio fundacional de la república y que llevamos 200 años sin entender.

En el caos reinarás

Pero hay algo más, y no menos importante. RLA puede delinquir impunemente porque se sabe amparado por una prensa que lo blinda y la ruptura del principio de autoridad labrado meticulosamente por el actual Congreso en tres años de desmantelamiento de las instituciones públicas y copamiento ilegal de los poderes del Estado. Además de las leyes pro-crimen, el legislativo se ha erigido de facto e inconsultamente en una asamblea constituyente al cambiar el 57% de la Constitución (artículo de César Romero del 8-1-2025 ) y la propia arquitectura del sistema representativo que rige los presentes comicios. Esto incluye el debilitamiento de la ONPE al reducir al mínimo su presupuesto. El caos que vemos no es casual, es deliberado. Y la ciudadanía debe estar más alerta que nunca.