No se gana una elección insultando a los peruanos

En toda democracia, la contienda electoral es —o debería ser— un espacio de confrontación de ideas, propuestas y visiones de país. Sin embargo, lo que viene marcando la actual campaña es una preocupante degradación del debate público, donde el agravio, la amenaza y la descalificación sustituyen al argumento.

Las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, son los casos más preocupantes.

No se trata únicamente de sus ataques contra la ONPE o de las insinuaciones intimidatorias dirigidas a su jefe, Piero Corvetto. Lo verdaderamente grave es el salto cualitativo que implica descalificar a ciudadanos —a quienes aspira a gobernar— con expresiones ofensivas y denigrantes.

En Andahuaylas, el insulto directo a pobladores que ejercían su derecho a la protesta no solo revela intolerancia, sino una peligrosa concepción del poder: aquella que divide al país entre “los que valen” y “los que estorban”.

La democracia no se construye desde el desprecio. Por el contrario, exige reconocer la pluralidad, incluso —y sobre todo— cuando esta incomoda. Un candidato que no tolera la crítica en campaña difícilmente podrá gobernar en un contexto inevitablemente diverso y conflictivo.

La respuesta institucional, hasta ahora prudente, no debe confundirse con indiferencia. Defender la integridad del proceso electoral y el respeto a los ciudadanos es, en ese sentido, una obligación. En esa línea, el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos resulta pertinente al advertir sobre los riesgos de normalizar discursos que rozan la violencia y que deterioran la calidad democrática.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los actores políticos. Los hechos ocurridos en Andahuaylas, donde la indignación derivó en agresiones contra el candidato, también deben llamar a la reflexión. La violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Violencia es violencia, venga de donde venga, y su normalización —sea desde el poder o desde la ciudadanía— solo contribuye a profundizar la fractura social. La protesta es un derecho; la agresión, no.

El país enfrenta una elección decisiva. Precisamente por ello, el estándar de quienes aspiran a conducirlo debe ser más alto, no más bajo. La indignación puede ser un recurso político eficaz en el corto plazo, pero difícilmente constituye la base de un proyecto de gobierno viable. Mucho menos cuando se dirige contra los propios ciudadanos.

No se gana una elección insultando a los peruanos. Y, más importante aún, no se construye un país desde el desprecio ni desde la violencia.