Sin libertad de expresión y de prensa, no hay democracia, por Erick Iriarte Ahon

La Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 4, garantiza la libertad de expresión y de prensa, que ya se encuentran contempladas en el Pacto de San José (del cual el Perú es parte), en su artículo 13, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19. Esto se suma a diversos acuerdos y documentos, como la Declaración de Chapultepec y las Declaraciones de Salta I y II de la Sociedad Interamericana de Prensa (a las que, sin duda, el gobierno entrante debería adherirse).

La libertad de expresión y de prensa tienen dos reglas claras: a) no hay censura previa y b) una vez emitido el contenido, este se encuentra sujeto a la legislación vigente, la cual debe respetarse.

Es decir, nadie ni nada (mucho menos el Estado) puede impedir que alguien se exprese. Esto abre una larga discusión sobre cómo actuar frente a quienes hacen un mal uso de dicha libertad (generan desinformación, difunden noticias falsas, utilizan la libertad para emitir mentiras o contenidos que afectan a terceros, por citar algunos ejemplos). Es importante señalar que la libertad de expresión es para todas las personas, todo el tiempo; en efecto, puede utilizarse indebidamente, pero precisamente porque ello constituye la excepción y no la regla, no pueden establecerse mecanismos de censura previa. Es allí donde entra en juego la segunda regla: si se hace un mal uso de esa libertad, existen consecuencias que deben estar claramente establecidas en la ley.

Pero ¿qué implica para la democracia el respeto de estas libertades?

Implica que son libertades para todos, todo el tiempo, sin importar la opinión que se exprese; no son derechos reservados para algunos, algunas veces y únicamente cuando dicen aquello que a otros les agrada. Este es uno de los dilemas básicos de la democracia: cómo defender la libertad de todos y, al mismo tiempo, comprender que su mal uso no puede justificar mecanismos de control o censura previa.

Un derivado de la libertad de expresión, y quizá el que tiene mayor despliegue, es la libertad de prensa. Se trata ya no solo de la posibilidad de expresarse, sino de la labor desarrollada por instituciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y los medios de comunicación para informar, investigar, producir contenidos basados en hechos comprobados y establecer líneas editoriales desde las cuales opinar sobre la realidad social. Aquí confluyen el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos; pero también el derecho a la libre empresa de las organizaciones periodísticas, el derecho al trabajo de los periodistas, el respeto a la privacidad y al honor de las personas, así como el derecho de acceso a la información pública para ejercer vigilancia ciudadana e investigar la actuación de las entidades y los funcionarios públicos en el ejercicio cotidiano del poder.

Resulta, por tanto, contrario a los principios democráticos hostigar a la prensa desde posiciones de poder político o económico, acusándola de actuar con ensañamiento o por intereses particulares cuando ejerce legítimamente su función informativa y fiscalizadora. También lo es promover acciones prejudiciales o judiciales destinadas a impedir que continúe informando, o utilizar el poder para restringir el acceso de la ciudadanía a la información pública, desconociendo la jurisprudencia nacional e internacional sobre estas libertades.

La Declaración de Chapultepec y las Declaraciones de Salta I y II, referidas a la libertad de expresión y a los entornos digitales, respectivamente, son instrumentos elaborados colectivamente por la Sociedad Interamericana de Prensa y han sido suscritos durante las últimas dos décadas por diversos Estados y gobernantes como una manifestación de compromiso con la libertad de expresión y de prensa. Constituye un gesto importante adherirse a estos instrumentos; sin embargo, ello no equivale a un cheque en blanco. La labor de la sociedad civil y, de manera especial, de la prensa para impedir la creación de mecanismos que vulneren estas libertades resulta fundamental para la vida democrática.

Por ello, resulta preocupante leer en el plan de gobierno de Juntos por el Perú la siguiente propuesta: 'Se crearán veedurías ciudadanas sobre los medios de comunicación, cuya función principal será la emisión de alertas sobre aquellos contenidos dirigidos a generar bloqueos informativos en perjuicio de la ciudadanía u otros que fomenten la violencia y la discriminación'. ¿Se está planteando alguna forma de control de contenidos o algún mecanismo de direccionamiento de la información en los medios de comunicación y en los entornos digitales?

Por otro lado, el plan de Fuerza Popular no contiene mayores referencias a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa; en cambio, sí hace reiteradas alusiones al concepto de 'orden'. Resulta tan preocupante una propuesta de control de contenidos como la planteada por Juntos por el Perú como un programa político que omite referencias explícitas al respeto de las libertades fundamentales que sostienen nuestra democracia.

Nos encontramos en un momento crítico en el que resulta necesario que ambos candidatos que disputan la segunda vuelta expresen su adhesión a las Declaraciones de Chapultepec y de Salta como un mínimo compromiso con la protección de la libertad de expresión y de prensa, así como una declaración explícita de respeto a estos derechos durante un eventual gobierno.

Un gobierno que busca controlar a la población restringe su libertad de expresión en cualquier plataforma, especialmente en los entornos digitales, y procura también controlar los contenidos de la prensa. La democracia se nutre de la libertad de expresión; constituye, en efecto, uno de sus pilares fundamentales.