Informalidad laboral estatal: ¿en casa de herrero, cuchillo de palo?, por Fernando Cuadros Luque

Muchas veces se piensa que en el sector público peruano no existe informalidad laboral y, por tanto, todos los trabajadores estatales acceden a sus correspondientes derechos laborales.

No obstante, aunque parezca increíble, la realidad es otra, como veremos a continuación, como siempre, sobre la base de información estadística oficial y confiable.

¿Qué es la informalidad laboral en el sector público?

Se considera que una persona al servicio del Estado se encuentra en condición de informalidad laboral cuando realiza labores de forma subordinada en una entidad pública y, a pesar de ello, no está registrada en planilla bajo ningún régimen laboral y, por ende, no accede a beneficio laboral alguno (vacaciones, aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social en salud y pensiones, jornada máxima, negociación colectiva de mejores remuneraciones y condiciones laborales, entre otros).

Estos trabajadores en situación de informalidad laboral suelen estar contratados indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, es decir, como si fueran consultores o independientes (los famosos “terceros”).  

¿A cuánto asciende la tasa de informalidad laboral estatal?

Según la Planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), al 2024 existían 210.000 locadores de servicios en el sector público, lo cual implicaría una tasa de informalidad laboral del 12%, valor que se ha incrementado en 4 puntos porcentuales (pp) respecto al 2013, cuando era 8%, mostrando una clara tendencia creciente (ver gráfico).

Tomando la misma fuente estadística, la mayor tasa de informalidad laboral se registraría en los gobiernos locales (municipalidades), seguida del gobierno nacional y los gobiernos regionales; aun cuando el grueso de locadores de servicios está en el gobierno nacional.

¿Qué tan elevada es la informalidad laboral estatal respecto a la privada?

La tasa de informalidad laboral (asalariados no declarados en planilla) en el sector público (12%) es significativamente inferior a la registrada en el sector privado (58%), considerando información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

No obstante, si comparamos la tasa de informalidad laboral estatal con la correspondiente al sector privado según tamaño de empresa, se aprecia que la primera es menor a la tasa de informalidad laboral registrada en los segmentos de la micro (88%) y pequeña empresa (37%), pero bastante parecida a la observada en la gran empresa (9%).

Sin perjuicio de ello, la existencia de informalidad laboral en el sector público resulta inaceptable y vergonzosa, ya que el Estado debería dar el ejemplo en el respeto de la normativa laboral.

¿Por qué existe informalidad laboral en el Estado?

La significativa presencia de locadores de servicios fraudulentos en el sector público se explicaría por las restricciones establecidas en las leyes anuales de presupuesto para contratar personal; la prohibición de contratar trabajadores bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) en los proyectos de inversión pública; así como por la mayor flexibilidad para contratar locadores de servicios en comparación con los trámites requeridos para contratar personal.

Además, el incumplimiento de la normativa laboral por el propio Estado se origina por la inexistencia de una fiscalización laboral integral que proteja a los trabajadores públicos (solo aquellos sujetos al régimen privado -11% del empleo público- están cubiertos por la inspección laboral).

¿Los CAS también son informales?

Si bien los trabajadores CAS (360.000) están sujetos a un régimen laboral especial que les brinda ciertos derecho laborales, lo cierto es que muchos de ellos han venido laborando por años bajo contratos desnaturalizados, es decir, realizando labores permanentes vía contratos temporales, lo cual podría entenderse como una especie de informalidad laboral “escondida”, que actualmente incluiría al 20% del empleo público (4 pp más que en el 2013), a pesar de algunas mejoras realizadas vía el Tribunal Constitucional.  

¿Qué hacer para eliminar la informalidad laboral estatal?

Debe haber un mandato interno desde las cabezas de los poderes estatales y organismos autónomos para dejar de contratar como locadores de servicios a quienes en realidad cumplen funciones subordinadas (así como a trabajadores CAS temporales para labores permanentes), ya que, además de ser ilegal, entorpece la implementación de la reforma del servicio civil, proceso que se tiene que acelerar para lograr una gestión más eficiente de los recursos humanos en el sector público.

Adicionalmente, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) tendría que encargar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), vía la modificación normativa correspondiente y los recursos necesarios, la fiscalización del cumplimiento de la regulación laboral en todos los regímenes estatales, pero no bajo una lógica de imponer multas, sino de hacer cumplir las reglas laborales y sancionar administrativamente a quienes no las respeten.

SERVIR debe posicionarse como rector en gestión del empleo público, con un enfoque integral y garantista que no sea percibido como contrario a los intereses de los trabajadores, sino como promotor de su desarrollo. Se podría evaluar su conversión en un ministerio, para fortalecerlo.

De otro lado, ¿quién mejor que los propios trabajadores organizados para velar por el cumplimiento de sus derechos laborales? En esa línea, el Estado debería promover la sindicalización, al ser un mecanismo que reduciría la carga sobre la inspección laboral y ayudaría sobremanera a un mayor cumplimiento de la normativa laboral en el sector público.

Si bien la tasa de afiliación sindical estatal ha crecido 5 puntos porcentuales en el último lustro (sobre todo desde el restablecimiento de la negociación colectiva de materias económicas), aún alcanza solo al 20% de los trabajadores públicos, según la Planilla electrónica del MTPE.

Epílogo

En mi columna anterior, titulada “Dato mata relato: falacias sobre el sector público en el Perú”, analicé la realidad del sector estatal peruano sobre la base de información estadística oficial y utilizando variables que son estrictamente comparables a nivel internacional.

El tema abordado hoy demuestra que no se puede caer en la insensatez ni en la negligencia de dejar fuera del análisis al segmento informal, dada su significativa participación en el sector público y su incidencia económica.

Como dice el refrán, “Zapatero, a tus zapatos”.

¡Feliz día a todas las mujeres trabajadoras que luchan por la eliminación de las brechas de género!