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Opinión

La educación importa (de verdad) Ricardo Cuenca

Celebrar este día no es un acto simbólico. Es renovar un compromiso real con la educación como bien público y como base de la paz, el desarrollo y la democracia.

Ricardo Cuenca
Ricardo Cuenca

*Exministro de Educación

Cada 24 de enero, Día Internacional de la Educación, el consenso es casi automático: nadie discute que la educación es importante. Sin embargo, en el Perú esa afirmación suele quedarse en el plano retórico, especialmente en contextos electorales, donde la educación aparece como promesa recurrente, pero rara vez como compromiso verificable. Reafirmar hoy que la educación importa demanda algo más exigente: mirar con honestidad lo avanzado, reconocer los retrocesos y señalar con claridad qué asuntos deben ser atendidos de manera prioritaria si queremos que la educación tenga un impacto real en la vida de las personas y en el futuro del país.

Propongo cuatro campos de acción urgentes.

Primero, recuperar las reformas orientadas a mejorar los aprendizajes

Desde 2011, el Perú impulsó un conjunto de reformas que recogían aprendizajes previos y proyectaban un horizonte de mejora sustentado en decisiones políticas con respaldo técnico. La reforma curricular, la reforma docente y la reforma universitaria establecieron condiciones básicas para mejorar los aprendizajes: un currículo centrado en aprendizajes fundamentales y docentes mejor preparados para enseñar. Ese proceso permitió construir una narrativa de mejora educativa basada en evidencia y continuidad. El posterior debilitamiento —cuando no el desmantelamiento— de estas reformas no es neutro: afecta directamente la posibilidad de mejorar los resultados educativos y rompe la idea de la educación como política de Estado.

Segundo, atender las desigualdades como condición de la calidad educativa

Desde hace casi una década, existe un consenso internacional claro: no hay educación de calidad sin equidad. En el Perú, esta sigue siendo una deuda estructural. Ocho de cada diez estudiantes rurales de segundo de secundaria están por debajo del nivel inicial en comprensión lectora, frente a cuatro de cada diez en zonas urbanas. En la educación superior, mientras que solo uno de cada diez jóvenes de menores recursos accede a la universidad, entre los de mayores ingresos lo hace uno de cada dos. Estas brechas no son solo educativas; reproducen desigualdades sociales y territoriales que el sistema educativo debería contribuir a reducir, no a perpetuar.

Tercero, enfrentar la exclusión educativa con criterios de justicia y pertinencia

Persisten en el país amplios grupos de personas que están fuera del sistema educativo cuando deberían formar parte de él, o que participan formalmente sin recibir una educación pertinente. Seis de cada diez personas de 35 a 60 años no concluyeron su educación básica y más de un millón de adultos se encuentran en situación de analfabetismo. En primaria, el 80% de los niños shipibos y cerca de la mitad de los estudiantes quechuas se ubican en los niveles más bajos de castellano como segunda lengua. Solo el 38% de los jóvenes con discapacidad asiste a la secundaria, frente al 85% de quienes no tienen discapacidad. La exclusión educativa sigue teniendo rostro, lengua, territorio y condición social.

Cuarto, fortalecer los aprendizajes para el desarrollo sostenible y la democracia plena

En los últimos cinco años, el porcentaje de estudiantes que alcanzan aprendizajes adecuados ha disminuido en todas las áreas y en todos los grados evaluados. En 2024, apenas el 25% de los estudiantes de sexto de primaria alcanzó los aprendizajes esperados en lectura y solo el 14% en matemática. Pero la educación no se agota en estas áreas. La formación ciudadana es igualmente central: solo el 30% de los estudiantes de sexto de primaria logró aprendizajes vinculados a la convivencia y la participación democrática. No es casualidad que, en paralelo, un 15% de jóvenes de 18 a 24 años declare que aprobaría un gobierno autoritario.

En este contexto electoral, conmemorar el Día Internacional de la Educación debería significar exigir a quienes aspiran a gobernar propuestas concretas y sostenidas para mejorar los aprendizajes con calidad, equidad y justicia. Ello implica decisiones claras sobre políticas educativas concretas, pero también sobre la asignación y el uso del presupuesto público para abordar las desigualdades y enfrentar la exclusión.

Celebrar este día no es un acto simbólico. Es renovar un compromiso real con la educación como bien público y como base de la paz, el desarrollo y la democracia. Sin educación de calidad, con equidad y justicia, el crecimiento económico no se transforma en desarrollo y la democracia no cumple su promesa de una vida mejor para todos.

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