
Las manifestaciones que se suceden en Mineápolis, Nueva York, Cincinnati, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos deben obligarnos a evaluar lo que acontece en dicho país y cómo ello puede afectar a nuestra sociedad en pleno proceso electoral.
Es probable que más de un candidato local esté analizando cómo atraer el respaldo de Donald Trump a su campaña, especialmente si la elección se polariza entre quienes defienden el statu quo y quienes buscan un cambio radical. Cabe recordar que los candidatos a los que el presidente de EE. UU. apoyó públicamente en Honduras, Chile o Argentina lograron imponerse en las urnas.
El punto central es que estas protestas giran en torno a la defensa de la democracia, los derechos civiles y el respeto a las instituciones, al sistema jurídico y a la ley. El detonante ha sido el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante redadas en busca de inmigrantes sin documentos en regla.
Los manifestantes denuncian que el ICE ha arrestado a ciudadanos estadounidenses, negado el acceso a asesoría jurídica a los detenidos y utilizado a menores de edad para obligar a sus padres a salir de sus hogares y así capturarlos. La tensión escaló tras la muerte de dos ciudadanos: Alex Pretti, un enfermero de 37 años, fue baleado al intentar defender a una mujer, tres semanas después de que un oficial disparara contra Renee Good, también de 37 años, mientras estaba en su automóvil. Ambos incidentes ocurrieron en Mineápolis, Minnesota.
Mientras el Gobierno de Trump sostiene que las víctimas fueron abatidas al intentar agredir a los agentes, los videos difundidos por ciudadanos y la prensa contradicen esta versión: ni Alex ni Renee representaban una amenaza física real.
Además, la administración Trump, a través de la Fiscalía General, ha iniciado investigaciones penales contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, críticos de las tácticas del Servicio de Inmigración. “Usar el sistema de justicia como arma y amenazar a opositores políticos es una táctica peligrosa y autoritaria”, sentenció Walz.
Lamentablemente, los hechos que motivan las protestas en Estados Unidos no son ajenos a nuestra realidad presente ni pasada. Ciudadanos que no volvieron a casa tras participar en una protesta —mientras se les estigmatiza como “terroristas”— o el uso del sistema jurídico para perseguir y sacar de carrera a opositores políticos o funcionarios independientes son constantes en nuestra sociedad.
Si queremos preservar la democracia y la paz social, debemos observar cómo nosotros mismos logramos superar crisis similares a la que hoy vive nuestro vecino del norte. Es imperativo afianzar la libertad, el diálogo y el respeto a la disidencia, además de proteger las instituciones, la transparencia pública y la rendición de cuentas.

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