Pedro Grández: ¿Está surgiendo el nuevo derecho a no ser manipulado?

Pedro P. Grández Castro. Profesor Universitario - Sociedad Peruana de Constitucionalistas (SPC)

Con los derechos parece darse una paradoja difícil de resolver: aparecen, precisamente, cuando están en riesgo. Si habitáramos una sociedad sin privilegios ni abusos, en la que todas las personas pudieran disfrutar de las mismas oportunidades y prerrogativas, y en la que nadie fuera perseguido por sus pensamientos u opiniones, acaso los derechos resultarían superfluos. Ello confirma que los derechos son —como sostuvo Norberto Bobbio— “invenciones” necesarias para una civilización expuesta de modo permanente a múltiples riesgos.

Algo similar ocurre hoy con el derecho a la información. Su desarrollo coincide con la expansión de la desinformación, la manipulación y el desprecio por la verdad. No me refiero aquí al derecho de acceso a la información pública, sino a otra de sus dimensiones: el derecho a recibir información fiable para la toma de decisiones. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce expresamente el derecho a “recibir y difundir informaciones”, mientras que el artículo 2, inciso 4, de la Constitución peruana consagra las libertades de información, opinión y expresión.

En el derecho constitucional contemporáneo resulta pacífico distinguir la libertad de expresión de la libertad de información. La diferencia es relevante: quien informa asume un deber de veracidad o, al menos, de contraste razonable de las fuentes; quien opina no. Las opiniones admiten juicios subjetivos, incluso erróneos, sin consecuencias jurídicas relevantes. La información, en cambio, debe ser mínimamente verificable.

Incluso en los Estados Unidos, donde la libertad de expresión es considerada un derecho preferente y donde no siempre se distingue entre información y opinión, la Corte Suprema ha establecido que las informaciones difundidas con “real malicia” —esto es, con conocimiento de su falsedad o desprecio temerario por la verdad— no se encuentran protegidas por la Primera Enmienda (New York Times Co. v. Sullivan, 1964). En Europa, el estándar es aún más claro: la libertad de información constituye “una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático” (STC española 65/2015). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha precisado que la difusión de informaciones de interés general merece protección solo si se actúa de buena fe, sobre la base de hechos ciertos y con información fiable y precisa conforme a la ética periodística (caso Fressoz y Roire c. Francia).

Desde esta perspectiva, los fenómenos contemporáneos de manipulación —tanto de los mercados como del discurso público— pueden ser abordados desde el derecho a recibir información confiable. Ello permite sostener que el contenido del derecho a la información incorpora hoy, como parte de su contenido, un derecho a no ser manipulado, ya sea como agentes del mercado, o, fundamentalmente, como ciudadanos partícipes de una comunidad que se autogobierna y decide su destino. Visto así, se trata de un derecho de especial trascendencia en la era digital, donde la manipulación socava la confianza social y la propia deliberación democrática.

Cass Sunstein, en su reciente obra Manipulation (2025), sostiene que estamos ante la emergencia de un nuevo derecho: el derecho a no ser manipulado. Su fundamento estaría en la protección de lo que él denomina, “autonomía decisoria”, entendida como la capacidad de las personas para ejercer su autonomía moral no solo como consumidores, sino como agentes responsables en todas sus decisiones públicas y privadas. Por ello, este derecho debería vincular, según sostiene, tanto al mercado como al espacio público: las empresas no deben manipular a sus clientes, ni los gobiernos a sus ciudadanos.

Uno de los principales riesgos de la era digital, tiene que ver con la propia arquitectura de las plataformas de internet. Desde el año 2010 se han identificado como “patrones oscuros” (dark patterns). La OCDE los identifica como prácticas comerciales que utilizan la arquitectura digital —en particular las interfaces de usuario— para subvertir o perjudicar la autonomía y la capacidad de decisión del consumidor. La ley de servicios digitales de España, los define como, “interfaces engañosas de las plataformas en línea” (art. 67). La manipulación tiene entonces una “arquitectura en red” cuyo único objetivo es la optimización de las ventajas a costo de la autonomía y de la libertad de quien es el objeto de la manipulación: consumidores, ciudadanos.

En los últimos días del gobierno de Biden (2024), su gobierno impulsó una iniciativa denominada “El tiempo es dinero”, orientada a combatir prácticas digitales manipuladoras. Su principio rector era claro: los consumidores no deben estar sometidos a procedimientos confusos, engañosos o deliberadamente engorrosos, diseñados para disuadir o interferir en el ejercicio de sus derechos. Sunstein cree que esta iniciativa, aun cuando no tuvo tiempo de ser implementada, puede considerarse el embrión para el desarrollo del derecho a no ser manipulado. 

Desde la tradición continental, el derecho a la información parece tener al frente un nuevo desafío. Sin información veraz no funcionan los mercados y los consumidores quedan en manos de estafadores sin escrúpulos que solo piensan en optimizar sus ganancias. Pero, si la manipulación logra condicionar nuestras decisiones morales o políticas, el autogobierno democrático se vacía de contenido. Ya no se trataría del gobierno de los ciudadanos, sino del gobierno de las redes y de quienes controlan sus algoritmos. La manipulación de la realidad, parece llamar con urgencia, al nuevo derecho a no ser manipulado.