La democracia del bien común, por Pedro Grandez

Pedro P. Grández Castro, Profesor universitario - Constitucionalista

Desde Aristóteles, hay registros sobre la preocupación por el gobierno de los bienes que nos incumben a todos. El interés por los denominados “bienes comunes” ha estado presente en distintos momentos y con contenidos crecientes. En la literatura especializada se habla de la cornucopia de los bienes comunes para hacer referencia al creciente incremento de bienes comunes ya no solo naturales sino también sociales, culturales, artificiales, etc.  En el Libro II de las Instituciones de Justiniano, hay un pasaje memorable que define “por derecho natural” como bienes comunes al “aire, el agua corriente y el mar, y, por lo mismo, las riberas del mar”. Junto a los bienes comunes de dominio de todos —res communes omnium— también se señalan a los llamados res republicae que eran las cosas o bienes públicos del pueblo romano.

El interés contemporáneo creciente por los bienes comunes parece estar motivado, entre otros factores, por la grave amenaza al ecosistema por parte de las grandes industrias a nivel global. El riesgo de que pronto nos falten los bienes que en otro tiempo parecían inacabables como el agua o el aire, es hoy una preocupación que genera alarma en todo el planeta. Pero también, si pensamos más recientemente, la pandemia del COVID-19 nos despertó de nuestra pasividad y nos mostró lo vulnerables que somos y que, si no tuviéramos acceso a bienes como una vacuna o un microscopio, un virus puede diezmar la humanidad en pleno siglo XXI. Los especialistas han reflexionado y hay quienes afirman que las medicinas que salvan vidas son también bien comunes. El conocimiento y la ciencia al servicio de la humanidad son bienes comunes fundamentales, como los ha catalogado el profesor Luigi Ferrajoli.  

La lista crece. La universidad es un bien común que gestiona el conocimiento, así como la ciencia y la investigación. Los servicios públicos no solo como el agua, sino también la energía, el internet, los medios que forman la opinión pública, etc., tienen que asumirse como bienes cuyos fines se orientan por el bien común. Los bienes comunes no tienen necesariamente que gestionarse como bienes públicos o exclusivamente desde el Estado. Aunque tampoco debemos caer en la falacia neoliberal que suele desdeñar toda gestión colectiva o comunitaria de los bienes comunes presentando la gestión privatizada como la única salvación frente a la “tragedia de los comunes”. Este fue el mérito de Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía en el año 2009, que refutó “la creencia tradicional de que los bienes comunes son mejor gestionados por autoridades centrales o regulados mediante derechos de propiedad privados”. Ostrom puso en evidencia que el gobierno cooperativo de la comunidad puede racionalizar el uso y gestión de caminos, bosques, ríos o pastizales, y que los bienes comunes son mejor preservados cuando hay conciencia de que se trata de bienes compartidos.  

Cuando vemos que la Municipalidad de Lima ha sido incapaz de gestionar la única “vía de evitamiento” que atraviesa la ciudad de sur a norte y cuya concesión ha comprometido a más de una gestión municipal en actos de corrupción; cuando vemos que los caminos del Perú están lotizados y entregados a concesiones con peajes que no siempre se condicen con los servicios que se prestan; cuando incluso el mar ha sido dado en concesión para puertos estratégicos o para la pesca a gran escala; o cuando los servicios más esenciales están todos en manos de empresas de las que depende el acceso a servicios esenciales como el internet, las comunicaciones, el gas, el transporte, para no hablar de los derechos sociales, como la salud o la seguridad social; en todos estos contextos, habría que reflexionar si la gestión de tales bienes y servicios se está haciendo con el enfoque adecuado y asumiendo que se trata de bienes comunes o de servicios esenciales para la vida y la conveniencia social. 

Pensar el gobierno desde la perspectiva del bien común supone alejar del poder a los intereses egoístas de empresarios formales e informales, así como también de otros intereses que incluyen la criminalidad, para quienes la captura del Estado y las instancias del gobierno significa simplemente facilitar los negocios privados o, peor aún, controlar instituciones alejándolas de sus fines para los que han sido creadas. Hoy en día, en cada instancia del gobierno, ya no se encuentran gestores del bien común, sino redes de intereses que se tejen desde las campañas electorales; campañas que, como se ha demostrado en más de una ocasión, son financiadas con dinero que no se transparenta y que son la antesala del gobierno de los intereses en detrimento de la democracia del bien común. 

Recuperar la democracia y sus instituciones —hoy en gran medida capturada por intereses oscuros— y ponerla al servicio del bien común, tiene que ser un objetivo colectivo de las próximas elecciones. Es urgente recuperar el sentido originario de la democracia como gobierno de los bienes comunes o como gobierno al servicio del bien común. Desde el Congreso de la República, los partidos políticos y cada una de las instituciones que se han diseñado en la Constitución tienen un cometido orientado hacia el bien común. El colapso de estas instituciones, en gran medida, tiene que ver con que hayan sido copadas por intereses: si el Congreso emite leyes a favor del crimen —aunque las campañas del gobierno las quieren negar—; si el Ministerio Público solo persigue a quienes no tienen protección; si el Poder Judicial no es riguroso al condenar con pruebas; o si la Junta Nacional de Justicia no elige a los mejores y se deja influenciar por intereses; entonces, en todos estos escenarios, la democracia del bien común está siendo postergada y están triunfando los intereses de grupos o de facciones.